La Diputación de Álava ha detectado la presencia de 31 inmigrantes ilegales, mayores de edad, que se hacían pasar por menores extranjeros no acompañados (MENAs), para así beneficiarse de los privilegios de la asistencia social reservada a los menores que no cuentan con una estructura familiar en España.
En los últimos cinco años este tipo de fraude se han destapado gracias a las pruebas médicas que se le realizan a los presuntos menores con el fin de verificar su edad real. Según los datos adelantados por El Correo, entre 2020 y 2024 se realizaron 71 estudios forenses en Álava a jóvenes que aseguraban tener menos de 18 años. De esas pruebas, 33 confirmaron que realmente eran menores, mientras que 31 resultaron ser mayores de edad. En cinco casos, los procedimientos siguen en curso y tres fueron archivados sin resultado concluyente, según La Gaceta.
Las pruebas médicas mencionadas se realizan únicamente a los jóvenes que llegan a España sin documentación que permite identificarles. Según recopila La Gaceta, los análisis suelen incluir radiografías de la muñeca izquierda, revisiones dentales centradas en las muelas del juicio o evaluaciones del grado de osificación de la clavícula, de acuerdo con las directrices recogidas en el protocolo marco del Ministerio de Asuntos Exteriores de 2014 sobre MENAs.
Aunque aquellos jóvenes que, tras las pruebas, resultan ser mayores de edad no pueden acogerse a las ayudas destinadas a los MENAs, la Diputación igualmente se encarga de proporcionarles atención.
El sistema de protección de menas en Álava se encuentra colapsado
Desde el área foral de Políticas Sociales, dirigida por Gorka Urtaran, se asegura que se elaboran planes de salida de los recursos de protección y se coordinan actuaciones con los servicios municipales para derivarlos a centros destinados a mayores de edad.
Según datos de la Diputación de Álava, el programa destinado a atender a menores extranjeros no acompañados “Bideberria”, atendió a 175 MENAs, es decir, un 12% más respecto al año anterior. Este programa se encuentra ahora mismo colapsado debido a que no cuenta con la infraestructura necesaria para poder hacer frente al aumento que ha habido en España.
Según recoge La Gaceta, el módulo destinado a la acogida inicial se encuentra actualmente desbordado, y en territorios vecinos como Vizcaya se ha tenido que declarar una “situación de excepcionalidad” ante la saturación de los centros de acogida.
