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19 Feb 2025
19 Feb 2025
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Las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas

El Gobierno defiende que ceder a las presiones del separatismo es necesario para garantizar la estabilidad parlamentaria y el diálogo
El líder de Junts, Carles Puigdemont EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo importantes concesiones a los independentistas catalanes y vascos en los últimos meses, con el objetivo de asegurar su investidura y garantizar la estabilidad de la legislatura. Estas medidas han generado una gran controversia, ya que, aunque muchas de ellas aún no se han materializado, suponen un cambio significativo en la relación entre el Ejecutivo y los partidos separatistas.

Concesiones al independentismo catalán

Amnistía y autogobierno

La medida más conocida es la ley de amnistía para los encausados por el procés catalán, que ha sido la piedra angular de los acuerdos entre el PSOE y Junts. Sin embargo, este pacto no se ha limitado a la amnistía. También se han acordado reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el artículo 43 bis sobre la “cuestión prejudicial europea”, un cambio que Junts exigió para evitar que la ley de amnistía pueda ser bloqueada por la Justicia europea.

Los pactos también incluyen la creación de comisiones parlamentarias sobre la Operación Cataluña y el espionaje con Pegasus, así como el reconocimiento de “derechos históricos catalanes” en materia de régimen local. Además, se ha acordado facilitar el regreso de empresas a Cataluña con la reforma de la ley de sociedades de capital, revirtiendo así la normativa aprobada por el PP en 2017 tras el éxodo empresarial provocado por el referéndum ilegal.

Otro punto clave de los acuerdos es el impulso del catalán en las instituciones europeas, una demanda histórica del independentismo. Pedro Sánchez ha solicitado formalmente a la UE que el catalán sea reconocido como lengua oficial en los organismos comunitarios, en un intento por reforzar la presencia internacional de Cataluña.

Concesiones en inmigración y financiación

Uno de los acuerdos más polémicos es la cesión de competencias en inmigración a Cataluña, un movimiento que, según el Gobierno, se materializará como una “delegación de competencias” en lugar de una transferencia total. Esto ha sido interpretado por los independentistas como un primer paso hacia el control completo de los flujos migratorios en la comunidad.

Además, el Ejecutivo ha pactado con Junts flexibilizar el déficit autonómico, lo que permitirá a las Comunidades Autónomas triplicar sus niveles de endeudamiento, una medida clave para conseguir el respaldo independentista en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Desclasificación de documentos

Asimismo, el Gobierno está negociando con Junts la desclasificación de documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, algo que los independentistas buscan para respaldar su tesis de una presunta implicación de los servicios secretos españoles en aquellos sucesos. Esta medida, que ha sido criticada por sectores políticos y jurídicos, abre la puerta a un mayor escrutinio del papel del Estado en los atentados.

Concesiones al independentismo vasco

Reforma de la Ley de secretos oficiales

El PSOE aceptó el año pasado tramitar la propuesta del PNV para reformar el marco regulador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), estrechando su vinculación con el presidente del Gobierno y ampliando los controles judiciales sobre sus actividades.

Patxi López, portavoz socialista, justificó este cambio alegando que las leyes que rigen el CNI, aprobadas hace más de 20 años, están desfasadas ante los avances tecnológicos. La reforma, impulsada por el PNV, busca reforzar el papel del presidente en la dirección del servicio secreto, permitiéndole nombrar a sus máximos responsables y posibilitando su traslado funcional de Defensa a La Moncloa.

Autogobierno en País Vasco

En casi seis años de gobierno, Pedro Sánchez ha transferido catorce competencias a Euskadi, destacando la gestión de las cárceles y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este lunes, el Gobierno Vasco recibió tres nuevas atribuciones: el servicio de Cercanías de Renfe, la homologación de títulos universitarios y la gestión de itinerarios de integración social para inmigrantes con protección internacional.

La transferencia de las cárceles, efectuada en octubre de 2021, permitió a Euskadi gestionar los centros penitenciarios de Zaballa, Martutene y Basauri, en paralelo al acercamiento de presos de ETA al País Vasco. En 2022, se añadió la gestión del IMV, clave para combatir la pobreza.

Entre las competencias anteriores, destacan dos tramos de autopistas y líneas de tren, además de áreas como legislación sobre medicamentos, transporte por carretera, prestaciones del seguro escolar y el ISSN. Este lunes, la cesión del servicio de Cercanías cubre rutas clave como Bilbao-Santurtzi y Irun-Brinkola, aunque quedaron fuera las líneas de vía estrecha como Bilbao-Balmaseda.

Cesión de patrimonio nacional en París

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desatado recientemente una polémica al intentar ceder gratuitamente al PNV el emblemático palacete de la Avenida Marceau en París. Este inmueble, de propiedad estatal y adquirido por España tras la Segunda Guerra Mundial, fue sede del Gobierno Vasco en el exilio, pero su cesión directa al PNV ha sido vista como un gesto humillante y una concesión desmedida para garantizar su apoyo político.

El PNV asegura que el edificio fue comprado en 1937 durante la Guerra Civil, pero nunca ha presentado documentos que acrediten su propiedad. En 1951, Francia reconoció al Estado español como legítimo propietario, una decisión ratificada por el Tribunal Supremo en 2003. El intento de Sánchez de regalar este bien público, obligando además al Estado a pagar un alquiler millonario al PNV para utilizarlo como biblioteca del Instituto Cervantes, ha provocado indignación en amplios sectores políticos y sociales.

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