Víctor de Aldama ha lanzado graves acusaciones contra políticos y empresarios a través de un documento presentado ante el Tribunal Supremo, en el que señala presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas durante la gestión de José Luis Ábalos como ministro de Transportes (2020-2021).
Según Aldama, al menos nueve constructoras habrían obtenido contratos de manera irregular, comprometiéndose a pagar comisiones a cambio. Entre las pruebas aportadas, destaca un listado de obras públicas extraído de los Presupuestos Generales del Estado, marcado con subrayados que, según el empresario, evidencian la preselección de las empresas beneficiadas.
Reacciones de las constructoras señaladas
Cinco de las empresas mencionadas han negado las acusaciones y dos de ellas estudian emprender acciones legales. Lantania, una de las implicadas, expresó su rechazo en un comunicado: “Nos sorprenden las alusiones de Aldama. Operamos con principios de integridad y transparencia, y rechazamos cualquier tipo de corrupción. Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales”. Por su parte, Ortiz, Construcciones y Proyectos S.A. negó estar relacionada con los hechos denunciados, asegurando que la obra mencionada por Aldama corresponde a una UTE realizada para el Canal de Isabel II, sin vínculo alguno con el Ministerio de Transportes.
La empresa ASCH, también señalada por Aldama, rechazó las acusaciones, afirmando que las obras mencionadas fueron ganadas en licitaciones públicas documentadas en la Plataforma de Contratación del Estado. “Es una acusación grave contra la empresa y contra los técnicos que supervisan estas adjudicaciones. Nuestra trayectoria está avalada por un riguroso cumplimiento de los procesos”, declaró un portavoz.
Nombres propios en el escándalo
En sus alegaciones, Aldama involucra a personalidades destacadas, como Manuel Contreras Caro, presidente del Grupo AZVI, al que acusa de pagar 18.000 euros para beneficiarse de una licitación. Contreras ha negado tajantemente el señalamiento, indicando que dicho pago fue una membresía para un club social y no una tapadera para comisiones. Además, AZVI refutó las acusaciones sobre contratos internacionales, señalando que su participación en el Tren Maya de México se debe a su experiencia y trayectoria en el país.
Implicaciones políticas y nuevas acusaciones
El documento presentado por Aldama no solo apunta a las constructoras, sino también a altos cargos del PSOE. Según el empresario, Ábalos habría recibido pagos en especie, como la cesión de una vivienda de lujo, mientras que otros miembros de su entorno, como Koldo García, habrían mediado para favorecer a determinadas empresas. También menciona a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en relación con un supuesto conflicto por el pago de comisiones vinculadas a una licitación.
Desmentidos y desafíos legales
Civis Global, otra de las empresas señaladas, negó rotundamente haber participado en las obras mencionadas o estar relacionada con los hechos. “Ni hemos realizado esas obras ni nos hemos presentado a esos concursos”, afirmó un portavoz, desmarcándose de las acusaciones sobre reuniones con Koldo García o pagos a Santos Cerdán. Por otro lado, Levantina Ingeniería y Construcción S.L., también implicada en el documento, no ha respondido a las consultas de los medios, dejando en el aire su posición ante las alegaciones.
