El decreto ómnibus presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado una oleada de críticas por incluir, bajo el pretexto de revalorizar las pensiones y apoyar a los afectados por la DANA, medidas orientadas al control de medios de comunicación y redes sociales. Esta normativa, rechazada en su primer intento de aprobación en el Congreso por los votos de PP, Vox y Junts, otorgaba poderes extraordinarios a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con implicaciones que muchos consideran un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, con la segunda votación podríamos acabar sufriendo estas medidas.
El decreto designaba a la CNMC como «coordinador de servicios digitales», permitiéndole inspeccionar plataformas en línea de gran tamaño como Twitter, Google, Instagram o TikTok. Entre los poderes otorgados destacaban:
- Acceso a algoritmos y criterios de recomendación de contenidos.
- Entrar en locales y medios de transporte vinculados a las plataformas.
- Examinar documentos físicos y digitales relacionados con su funcionamiento.
- Precintar instalaciones durante inspecciones.
Estas disposiciones iban más allá de las exigencias del Reglamento Europeo 2022/2065, conocido como Ley de Servicios Digitales, que busca fomentar la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos y la lucha contra la desinformación, pero en ningún caso planteaban otorgar poderes tan invasivos como los que propone el Ejecutivo español.
El pretexto de la desinformación
Para el Gobierno, estas medidas se justifican plenamente bajo su autodenominado Plan de Acción por la Democracia, destinado a «promover un debate público de mayor calidad». Sin embargo, no es difícil considerar que el verdadero objetivo detrás de estas medidas es silenciar a los medios y voces críticas con el Pedro Sánchez. Desde las redes sociales, numerosos usuarios han calificado esta normativa como un intento de censura encubierta y los partidos de la oposición alertan de que medidas como estas sientan un precedente muy peligroso que a la larga podría derivar en el silenciamiento de voces disidentes.
El propio presidente ha intensificado su discurso contra lo que llama «tecnobillonarios», a quienes acusa de «envenenar» el debate público. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, propuso acabar con el anonimato en las redes sociales y responsabilizar judicialmente a los magnates de estas plataformas por su contenido. Su indirecta hacia Elon Musk, CEO de X (antes Twitter), no pasó desapercibida, y reforzó las acusaciones de que busca limitar la libertad de expresión.
