Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, ha presentado una serie de medidas que, aunque buscan consolidar su espacio en la izquierda del espectro político, han despertado dudas sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias. Propuestas como la reducción de la jornada laboral, el blindaje constitucional del aborto y la intervención de los medios de comunicación han generado críticas tanto dentro como fuera del Gobierno.
Intervención de medios de comunicación
La propuesta de Sumar para intervenir los medios de comunicación y sancionar la difusión de supuestos «bulos» ha sido uno de los puntos más controvertidos de su programa. Según el partido, la medida busca combatir la desinformación y proteger la democracia, pero muchos analistas la ven como una amenaza directa a la libertad de expresión. Al plantear sanciones severas y justificar la regulación de los medios como una «necesidad democrática», Sumar ha sido criticado por su autoritarismo en lo que se ha visto como un intento de controlar el discurso público en su favor.
Esta iniciativa responsabiliza a los «oligarcas digitales» y empresarios mediáticos de manipular la opinión pública, descartando la posibilidad de que exista un debate abierto y la posibilidad de criticar al Gobierno. Además, la propuesta adolece de una clara falta de transparencia en relación con cómo se determinaría qué información es considerada desinformación y quién sería el encargado de regularla.
Blindaje constitucional del aborto
Otra de las propuestas de Sumar es incluir el derecho al aborto en la Constitución, una iniciativa que se presenta como un «hito feminista». Sin embargo, críticos señalan que el derecho al aborto ya está garantizado por la legislación española, lo que convierte esta reforma en un movimiento más simbólico que práctico. Además, incluirlo en la Carta Magna requeriría el apoyo del Partido Popular, algo que parece improbable dados los desacuerdos ideológicos entre ambas formaciones.
Reducción de la jornada laboral
Una de las banderas de Sumar es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en 2025, con miras a disminuirla a 36 horas en el futuro. Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada por su impacto potencial en la competitividad empresarial y la productividad del país. Aunque Sumar asegura que beneficiará tanto a trabajadores como a empresas, numerosos expertos económicos advierten que la medida podría encarecer los costes laborales y desalentar la contratación, especialmente en sectores ya golpeados por la inflación y la subida de los costes energéticos.
Además, la iniciativa no cuenta con un consenso dentro del propio Gobierno. El Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño, ha propuesto una implementación más gradual, reconociendo que los tiempos económicos actuales no son los más favorables para medidas de este calado. La falta de realismo en los plazos fijados por Sumar pone en duda la capacidad de la coalición para gestionar reformas estructurales de manera efectiva.
Detrás de estas propuestas, se vislumbra la intención de Sumar de reforzar su protagonismo en el Gobierno y diferenciarse del PSOE. No obstante, muchas de sus medidas parecen más orientadas a generar titulares que a ofrecer soluciones viables a los problemas estructurales del país. La falta de consenso dentro de la propia coalición y las críticas de expertos sugieren que las iniciativas de Sumar podrían ser más perjudiciales que beneficiosas, tanto para la economía como para el equilibrio democrático.
En un contexto donde existen problemas más urgentes, como la crisis de la vivienda, Sumar prefiere dedicar sus esfuerzos parlamentarios en reformas de dudosa necesidad, presentándose como un proyecto político desconectado de la ciudadanía y las prioridades reales de la población, polarizando aún más el debate político y desgastando aún más la estabilidad del Gobierno de coalición.
