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10 Ene 2025
10 Ene 2025
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Las propuestas para solucionar la crisis de vivienda de los principales partidos

Todos los partidos coinciden en la urgencia de abordar la crisis de la vivienda, pero discrepan enormemente en los enfoques

Manifestación multitudinaria por la vivienda en Madrid. Marcos del Mazo // Getty Images

La vivienda se ha convertido en el eje central de las políticas de los principales partidos españoles, el PSOE y el Partido Popular (PP), quienes buscan responder a una de las mayores preocupaciones ciudadanas: el acceso a una vivienda digna y asequible. Con propuestas divergentes, ambas formaciones intensifican sus esfuerzos para liderar este debate.

Propuestas del PP: movilización de suelo público y reformas administrativas

La estrategia del Partido Popular se centra en simplificar los trámites burocráticos, movilizar suelo público y aumentar la oferta de viviendas mediante colaboración público-privada.

Entre las principales medidas anunciadas por los populares están:

  • Reasignación de suelo público: Transformar suelo dotacional en suelo residencial para construir viviendas asequibles, especialmente para jóvenes.
  • Reformas urbanísticas: Eliminar obstáculos burocráticos para acelerar la construcción de nuevas viviendas.
  • Colaboración público-privada: Incentivar la participación de promotores privados para garantizar precios bajos.
  • Unidad de mercado: Buscar acuerdos entre comunidades autónomas para homogeneizar la gestión del sector.

El portavoz del PP, Borja Sémper, destacó que las propuestas se presentarán tanto en los parlamentos autonómicos como en el Congreso, con la posibilidad de buscar alianzas con partidos como Junts y el PNV para lograr su aprobación.

Propuestas del PSOE: impulso al cooperativismo

El Partido Socialista ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que busca fortalecer el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso. Según los socialistas, este sistema permite a los ciudadanos acceder a viviendas asequibles gestionadas por cooperativas sin ánimo de lucro. Inspirado en modelos exitosos de países como Dinamarca, Suiza y Canadá, el PSOE considera que esta iniciativa es clave para aumentar el parque de vivienda social y asequible en España.

Entre las medidas propuestas destacan:

  • Reconocimiento del modelo cooperativo: Considerarlo como una alternativa no especulativa y sostenible para el acceso a la vivienda.
  • Fomento de la colaboración público-privada: Impulsar la cesión de suelo público para proyectos cooperativos.
  • Apoyo financiero y normativo: Mejorar las condiciones de los créditos ICO y realizar cambios legales que faciliten su implementación.
  • Integración en políticas públicas: Incluir el modelo en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Actualmente, en España existen más de 2.000 viviendas en régimen cooperativo y más de 100 proyectos en desarrollo. El PSOE busca consolidar este modelo como un referente para el alquiler asequible.

Propuestas de Vox: reforma de la Ley de Vivienda y fomento de la vivienda social

Vox ha presentado recientemente una moción en el Congreso para exigir la derogación de la Ley de Vivienda (Ley 12/2023), argumentando que no resuelve los problemas de acceso a la vivienda y ha empeorado la situación del mercado inmobiliario. Según el partido, la ley ha incrementado los precios del alquiler y de la compra de viviendas, lo que ha dificultado aún más el acceso a la vivienda, especialmente para familias jóvenes y vulnerables. Para abordar esta crisis, la formación verde propone una serie de medidas centradas en la construcción de viviendas protegidas y sociales.

Entre las medidas propuestas destacan:

  • Estudio y planificación de la vivienda social: Realizar un análisis exhaustivo del parque de viviendas sociales y determinar las zonas prioritarias para su construcción.
  • Incremento de la construcción de viviendas protegidas y sociales: Fomentar la construcción de viviendas protegidas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra, enfocándose en jóvenes y familias con menos recursos.
  • Plan nacional de construcción de vivienda social: Implementar un plan nacional de vivienda social para las zonas con mayor tensión en el mercado inmobiliario.
  • Colaboración público-privada: Promover la cooperación entre el sector público y privado para aumentar la oferta de viviendas sociales y protegidas.
  • Movilización de suelo público: Utilizar el suelo público para la construcción de viviendas de alquiler asequible.

En cuanto a la vivienda social, Vox destaca que solo el 2,5% del parque de viviendas principales en España es vivienda social, una cifra significativamente baja en comparación con la media europea, que se encuentra en un 9,3%.

Propuestas de Sumar: expropiación a empresas

Sumar, encabezado por Yolanda Díaz, ha presentado propuestas centradas en regular el mercado de la vivienda, priorizando la expropiación de inmuebles de grandes tenedores y prohibiendo la compra de viviendas por parte de empresas. Sin embargo, estas medidas han generado críticas, especialmente desde el Banco de España, que argumenta que la intervención del sector privado podría tener efectos negativos en el mercado.

Entre las medidas propuestas destacan:

  • Expropiación de viviendas de grandes tenedores: Exigir a los grandes fondos que posean más de mil propiedades cederlas para aumentar la oferta de vivienda accesible.
  • Prohibición de la compra de viviendas por empresas y personas jurídicas: Asegurar que las viviendas sean un bien de uso y no de especulación.
  • Fomento de la construcción de viviendas: Abordar el déficit histórico en la creación de viviendas para satisfacer la demanda creciente.
  • Críticas al enfoque de Sumar: El Banco de España sugiere que una mayor participación del sector privado podría estabilizar los precios y fomentar alquileres más asequibles.

Las propuestas de Sumar buscan reorientar el mercado de la vivienda hacia una mayor equidad social, aunque su efectividad podría verse limitada por la realidad del mercado y las más que probables consecuencias negativas para la inversión privada en un contexto de falta de oferta. Además, la propuesta es verdaderamente polémica por las implicaciones de la expropiación y las restricciones a la compra de viviendas que irían en contra del derecho constitucional a la propiedad privada. También se cuestiona la viabilidad económica y jurídica de las medidas.

Propuestas de Podemos: intervención en el mercado inmobiliario

Podemos ha presentado un plan integral en materia de vivienda con un enfoque intervencionista, buscando combatir la especulación inmobiliaria, frenar los pisos turísticos y limitar la acumulación de propiedades por grandes tenedores. La propuesta busca garantizar el acceso a la vivienda social, especialmente en zonas de alta demanda, con medidas dirigidas a frenar la «turistificación» y la exclusión de los ciudadanos del mercado inmobiliario.

Entre las medidas propuestas destacan:

  • Moratoria en viviendas turísticas: Suspender la concesión de nuevas licencias hasta 2028 y limitar su oferta al 2% del total de viviendas en cada área. Prohibir los pisos turísticos en zonas con emergencia habitacional.
  • Restricciones a la compra de vivienda: Limitar la adquisición de viviendas por personas no residentes y prohibir su compra para fines no residenciales.
  • Expropiación de viviendas vacías: Expropiar el uso de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores y destinarlas al alquiler social.
  • Sanciones contra la publicidad de alojamientos ilegales: Penalizar la promoción de pisos turísticos no regulados.

El objetivo de los morados es frenar la especulación, particularmente en zonas con alta presión turística, como Baleares y Canarias, donde consideran que los precios de la vivienda se han disparado debido a la concentración de la riqueza y el modelo turístico especulativo. Sin embargo, a pesar de que el plan busca frenar la especulación y mejorar el acceso a la vivienda, algunos expertos advierten que podría reducir la inversión en el mercado inmobiliario, afectando la oferta de vivienda y el sector turístico en regiones clave; sin contar con las implicaciones constitucionales que unas medidas tan agresivan conllevan.

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