La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que los bancos de República Dominicana no van a responder a las comisiones rogatorias emitidas por el juez Santiago Pedraz. Estas peticiones se enmarcan en la investigación de la trama de los hidrocarburos, que llevó a prisión a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas.
Según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, las autoridades judiciales dominicanas han transmitido a las españolas, de manera extraoficial, que “colaborarán en todo lo posible, pero las entidades bancarias no facilitarán datos de sus clientes”.
República Dominicana es un punto clave para la trama de corrupción liderada por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas. Esta trama ha salpicado a una docena de ministros y altos cargos procedentes del gobierno de Pedro Sánchez. El país caribeño ha sido el lugar donde, a través de varios testaferros, se blanqueaba dinero de las comisiones ilegales obtenidas por los contratos adjudicados en España.
La UCO está centrando su trabajo en la isla en averiguar cuánto dinero ha movido allí la trama corrupta y qué personas relevantes tienen intereses en aquel país. Como ha desvelado The Objective, en República Dominicana hay al menos 14 empresas dadas de alta en diferentes registros por miembros de la trama. El papel fundamental de estas sociedades pantalla, algunas con sedes en solares, sería el blanqueo del dinero.
La trama de los hidrocarburos es solo la «punta del iceberg» del total del fraude
El dinero de la trama que llegaba a la República Dominicana a través de diferentes vías se desviaba a empresas de otros países. Pero, según ha podido saber este periódico, fuentes judiciales han transmitido a los agentes de la UCO encargados de la investigación que los bancos no colaborarán. Aunque las mismas fuentes señalan que sobre los bienes inmuebles adquiridos en este país y la titularidad de estos sí podrá averiguar “con mayor facilidad”.
La trama de los hidrocarburos es apenas una parte del entramado de fraude del IVA sobre el precio final de la venta de este producto. Incluye el cobro de comisiones ilegales “en todas las fases de producción del combustible desde su origen”.
La “organización criminal” en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos se centró en la importación de petróleo, principalmente desde Venezuela, permitiendo mover cantidades de dinero “nunca antes vistas«, una “trama milmillonaria” en palabras de las fuentes consultadas, consistente en esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea imponen desde 2018 al régimen de Nicolás Maduro.
