Imagen: universidad de Madrid I Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha presentado las bases del nuevo modelo de financiación para las universidades públicas. Se trata de una reforma que introduce un cambio significativo en la gestión económica de estos centros. Bajo la premisa de eficiencia y transparencia, el plan plantea un esquema de financiación plurianual que obligará a las universidades a garantizar un porcentaje de sus ingresos a través de fuentes privadas. En otras palabras, se exigirá que al menos el 30% del presupuesto provenga de vías ajenas a las transferencias públicas, algo que choca frontalmente con la naturaleza de un sistema universitario financiado con fondos estatales.
Tres variantes para financiar a las universidades
El modelo de financiación se divide en tres bloques: financiación básica, por necesidades singulares y por objetivos. La primera debería garantizar el funcionamiento habitual de las universidades, mientras que la segunda se destinaría a nuevas infraestructuras, excluyendo gastos de mantenimiento. Sin embargo, el punto más controvertido es la financiación por objetivos, que condiciona la asignación de fondos al cumplimiento de criterios estratégicos impuestos por la administración. Este enfoque deja a las universidades en una situación de incertidumbre y las obliga a competir por recursos, desviando su foco de la educación y la investigación hacia la captación de financiación externa.
Evaluación de la eficiencia de la gestión
Otro de los puntos clave de la reforma es la exigencia de corresponsabilidad financiera, lo que implica que las universidades deben buscar fuentes alternativas de ingresos. Este planteamiento abre la puerta a una mayor influencia del sector privado en la educación pública, permitiendo que empresas y entidades externas condicionen la gestión y las prioridades académicas de las instituciones. La medida podría generar desigualdades entre universidades, favoreciendo a aquellas con mayor capacidad de atraer inversión privada y relegando a un segundo plano a las que no cuenten con los mismos recursos.
Además, la ley incluye un sistema de contabilidad analítica para evaluar la eficiencia en la gestión, otro mecanismo que podría convertirse en una herramienta de control financiero más que en una garantía de calidad. Con estas medidas, el gobierno madrileño introduce un modelo que, lejos de fortalecer el carácter público de las universidades, parece encaminado a someterlas a la lógica del mercado, debilitando el acceso equitativo a la educación superior y poniendo en riesgo la autonomía universitaria.
Otros cambios en la legislación
Por otro lado, se establece el Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia como el órgano máximo de coordinación, con la obligación de reunirse al menos una vez al año. Además, se creará una Comisión de Evaluación Institucional que revisará nuevos proyectos universitarios y centros adscritos, con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar los plazos de gestión.
Otra de las novedades es la exigencia de un nivel mínimo de español para estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el castellano. Para acceder a grados y másteres será necesario acreditar al menos un nivel B2, mientras que para doctorados se requerirá un nivel C1, ambos certificados por el Instituto Cervantes. Se exceptuarán aquellos programas cuya lengua de impartición no sea el español. Esta medida busca garantizar que los alumnos puedan seguir con normalidad la enseñanza universitaria en la región.
