El magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, ha dado un paso significativo en el proceso judicial relacionado con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 por parte de ETA. Según fuentes jurídicas García Castellón ha iniciado el procedimiento de embargo de dos millones de euros a cuatro exdirigentes de ETA implicados en este crimen.
Responsabilidades civiles por el asesinato
El pasado 25 de abril, el juez impuso una fianza de dos millones de euros a José Javier Arizcuren Ruiz, conocido como «Kantauri»; Mikel Albisu, alias «Mikel Antza»; María Soledad Iparraguire, también conocida como «Anboto»; e Ignacio Gracia Arregui, conocido como «Iñaki de Rentería». Esta medida busca asegurar el cumplimiento de posibles responsabilidades civiles en relación con el mencionado secuestro y asesinato que conmocionaron a la sociedad española hace casi tres décadas.
Un plazo de 48 horas
Tras otorgar un plazo de 48 horas para que los exdirigentes de ETA abonaran la fianza de forma conjunta, y al no cumplirse este requisito, García Castellón ha dispuesto iniciar una investigación sobre el patrimonio de los procesados para determinar los activos susceptibles de ser embargados con el fin de garantizar la suma exigida por la justicia.
El impago de la fianza
Esta decisión judicial llega después de que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) instara a la Audiencia Nacional a ejecutar el embargo al constatar que los implicados no habían cumplido con el pago de la fianza. La abogada de la asociación de víctimas, Vanessa Santiago, había urgido al magistrado a tomar medidas para asegurar el embargo de los bienes de los procesados.
Acusados de secuestro y asesinato
El magistrado imputa a los exintegrantes del comité ejecutivo de ETA delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía, considerándolos autores mediatos debido a la posición de dominio que tenían en la organización criminal. El juez argumenta que estos exdirigentes tenían suficiente autoridad para haber evitado el fatal desenlace del secuestro de Miguel Ángel Blanco, pero no lo hicieron, a pesar de las movilizaciones populares que clamaban por su liberación.
Una decisión consensuada
En la resolución que dictaminó su procesamiento, García Castellón señala que es poco probable que la cúpula de ETA no ordenara el secuestro, dado el modus operandi de la organización, donde el comité ejecutivo tenía la última palabra en la planificación y autorización de acciones terroristas. Según el magistrado, la decisión de secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco fue colegiada y contó con el aval de todos los integrantes de la cúpula de ETA, dada la magnitud y las repercusiones de dicho acto terrorista.
