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21 Jul 2024
21 Jul 2024
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Los asesinos de Blanco siguen sin pagar la fianza

El juez ya está investigando el patrimonio de los etarras procesados por el asesinato del político español, por una fianza civil de dos millones de euros
ETA

El magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, ha dado un paso significativo en el proceso judicial relacionado con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 por parte de ETA. Según fuentes jurídicas García Castellón ha iniciado el procedimiento de embargo de dos millones de euros a cuatro exdirigentes de ETA implicados en este crimen.

Responsabilidades civiles por el asesinato

El pasado 25 de abril, el juez impuso una fianza de dos millones de euros a José Javier Arizcuren Ruiz, conocido como «Kantauri»; Mikel Albisu, alias «Mikel Antza»; María Soledad Iparraguire, también conocida como «Anboto»; e Ignacio Gracia Arregui, conocido como «Iñaki de Rentería». Esta medida busca asegurar el cumplimiento de posibles responsabilidades civiles en relación con el mencionado secuestro y asesinato que conmocionaron a la sociedad española hace casi tres décadas.

Un plazo de 48 horas

Tras otorgar un plazo de 48 horas para que los exdirigentes de ETA abonaran la fianza de forma conjunta, y al no cumplirse este requisito, García Castellón ha dispuesto iniciar una investigación sobre el patrimonio de los procesados para determinar los activos susceptibles de ser embargados con el fin de garantizar la suma exigida por la justicia.

El impago de la fianza

Esta decisión judicial llega después de que la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) instara a la Audiencia Nacional a ejecutar el embargo al constatar que los implicados no habían cumplido con el pago de la fianza. La abogada de la asociación de víctimas, Vanessa Santiago, había urgido al magistrado a tomar medidas para asegurar el embargo de los bienes de los procesados.

Acusados de secuestro y asesinato

El magistrado imputa a los exintegrantes del comité ejecutivo de ETA delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía, considerándolos autores mediatos debido a la posición de dominio que tenían en la organización criminal. El juez argumenta que estos exdirigentes tenían suficiente autoridad para haber evitado el fatal desenlace del secuestro de Miguel Ángel Blanco, pero no lo hicieron, a pesar de las movilizaciones populares que clamaban por su liberación.

Una decisión consensuada

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