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El Ejecutivo español está avanzando en la puesta en marcha de su plan para supervisar la actividad de los medios de comunicación y los periodistas. El próximo martes se aprobará el real decreto que iniciará la creación urgente de una comisión interministerial. Este organismo tendrá como objetivo vigilar el desarrollo de los ejes y medidas del denominado «Plan de Acción por la Democracia», presentado recientemente por los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun.
Comisión interministerial para controlar el cumplimiento del plan
El nuevo organismo, dependiente del Gobierno, tendrá la responsabilidad de realizar evaluaciones trimestrales sobre el cumplimiento de este plan, que abarca un periodo de tres años hasta 2027. Aunque su duración es extensa, la vigilancia comenzará de manera inmediata, con el compromiso de que la comisión esté operativa en un mes. La comisión estará compuesta por seis ministros, entre ellos los de Presidencia, Hacienda, Interior, Economía y Transformación Digital, destacando la presencia de figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez, como Félix Bolaños y María Jesús Montero.
Un seguimiento trimestral de los medios de comunicación
De acuerdo con el borrador de cinco páginas, esta comisión evaluará los posibles problemas en la implementación del plan y revisará la información proporcionada por los actores implicados. Entre las funciones de este organismo está la posibilidad de proponer modificaciones al contenido del plan para mejorar su eficacia, así como la realización de una evaluación intermedia para monitorear su impacto. Según el texto, la comisión funcionará sin incrementar el gasto público, ya que utilizará los recursos existentes de los ministerios implicados.
Ejes principales del plan: transparencia y pluralidad
El ministro Bolaños subrayó que el Plan de Acción por la Democracia se articula en torno a tres grandes ejes: mejorar la calidad de la información gubernamental, reforzar la pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo, y promover la transparencia del sistema electoral y del Poder Legislativo. Sin embargo, más del 60% de los organismos públicos no cumplen adecuadamente la Ley de Transparencia, lo que pone en duda la efectividad del nuevo plan en ese sentido.
Además de supervisar el cumplimiento del plan, la comisión tendrá autoridad para formular propuestas de modificación y mejora. Se prevé que las reuniones de este organismo sean trimestrales, con la posibilidad de crear grupos de trabajo adicionales para abordar temas específicos. El borrador del decreto garantiza que se respetarán los principios de eficiencia y seguridad jurídica, ajustándose al marco legal vigente.
Proceso sin consulta pública ni participación de autonomías
El Gobierno ha decidido prescindir del trámite de consulta pública para este decreto, argumentando que se trata de una norma organizativa que no tiene un impacto relevante en la actividad económica. Asimismo, no se ha realizado un proceso de audiencia o información pública. El Ejecutivo considera que no hay una alternativa más eficiente para llevar a cabo el plan, excluyendo a las autonomías del proceso de tramitación.
