Las diferencias entre Sumar y el PSOE en el Gobierno de coalición han escalado en las últimas semanas, principalmente por la reducción de la jornada laboral y la política de vivienda. Estas tensiones reflejan la distancia ideológica y estratégica entre ambos socios, generando fricciones que complican la gestión de sus acuerdos.
La jornada laboral
El principal foco de conflicto ha sido la reforma para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, una de las medidas estrella de Sumar. Yolanda Díaz, líder del partido y ministra de Trabajo, ha insistido en que la medida debe aplicarse plenamente antes de que finalice 2025, tal como establece el acuerdo de Gobierno. Sin embargo, desde el PSOE, liderado por el Ministerio de Economía, se apuesta por una implementación gradual que permita a las empresas adaptarse de forma sostenible.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió esta semana que el proceso debe acompañarse de diálogo social y medidas que no afecten la productividad ni los salarios. No obstante, Sumar ha criticado que esta postura favorece a la patronal, acusándola de intentar frenar un derecho que beneficiaría especialmente a mujeres y trabajadores de sectores precarios. Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación de Sumar, señaló que “Carlos Cuerpo no debería ser la voz de la patronal dentro del Gobierno”.
La falta de consenso también se extiende al ámbito parlamentario. El apoyo de Junts es clave para la aprobación de la reforma, pero las tensiones entre la patronal catalana y Díaz complican las negociaciones. El líder sindical de UGT, Pepe Álvarez, incluso se desplazó a Waterloo para dialogar con Carles Puigdemont, sin lograr avances significativos.
Vivienda: el otro frente paralelo
Además de la jornada laboral, la política de vivienda ha sido otro punto de fricción. Sumar ha acusado a la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, de inacción frente a los abusos en el mercado inmobiliario. Este miércoles, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, del ala de Sumar, abrió un expediente sancionador contra Airbnb por mantener miles de pisos turísticos irregulares.
Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, denunció que mientras su grupo actúa para proteger el derecho a la vivienda, Rodríguez evita tomar decisiones contundentes. Estas declaraciones se suman al malestar de Sumar por lo que consideran una estrategia dilatoria del PSOE en la implementación de políticas progresistas pactadas.
Declaraciones cruzadas y tensión en aumento
Yolanda Díaz, en tono desafiante, recordó esta semana cómo otras medidas impulsadas por Unidas Podemos y Sumar, como la reforma laboral o el aumento del salario mínimo, enfrentaron resistencias similares dentro del Ejecutivo. «Estas normas fueron discutidas, pero hoy todos las reivindican», señaló Díaz, confiada en que la reducción de la jornada laboral será un éxito.
Desde el PSOE, se intenta rebajar las tensiones, pero las diferencias son evidentes. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, evitó polemizar con Díaz, mientras que Pedro Sánchez mantiene un enfoque más conciliador, prometiendo cumplir con el acuerdo de reducción de jornada sin detallar los plazos.
Los enfrentamientos entre Sumar y el PSOE reflejan una coalición desgastada, en la que los desacuerdos sobre políticas clave ponen en riesgo la estabilidad del Gobierno. Con temas sensibles como la reforma laboral y la vivienda en juego, la unidad entre los socios parece cada vez más frágil, y el camino hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos se antoja lleno de obstáculos.