El malestar en la Guardia Civil es palpable tras las últimas decisiones del Gobierno de España de ceder competencias clave a los Mossos d’Esquadra. Esta medida, que se ha materializado en varios ámbitos como la seguridad en el puerto de Barcelona y otras funciones de seguridad ciudadana en Cataluña, ha generado una profunda inquietud entre los agentes de la Benemérita, quienes consideran que estas decisiones los están arrinconando y poniendo en riesgo la efectividad de su trabajo.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el «desembarco» de los Mossos en el puerto de Barcelona, donde tradicionalmente la Guardia Civil tenía un papel protagónico en la seguridad. Desde las asociaciones de la Guardia Civil se ha denunciado que esta nueva distribución de competencias es parte de una estrategia para marginar a este cuerpo en favor de la policía autonómica catalana. «Nos están arrinconando», ha declarado un representante de los agentes, quien también ha subrayado que esta medida no sólo afecta a los intereses del cuerpo, sino también a la seguridad de los ciudadanos.
La polémica también se ha desarrollado en torno a la organización de la Copa America de vela, donde los Mossos d’Esquadra asumirán por primera vez competencias de policía judicial en la primera línea de mar, mientras que el Instituto Armado mantiene sus atribuciones. Aunque esta novedad se limita al plan director para el evento deportivo, asociaciones de guardias civiles como AUGC critican que «la Generalitat lo utiliza, con la connivencia del Ministerio del Interior, para atribuirse competencias que no tiene y que pertenecen al Servicio Marítimo» de la Benemérita.
La situación es percibida por los agentes de la Guardia Civil como un ataque directo a su rol en Cataluña, una comunidad donde históricamente han tenido una presencia significativa, aunque no exenta de tensiones políticas. Este contexto ha llevado a que las críticas hacia el Gobierno central se agudicen, acusándolo de ceder ante las presiones independentistas catalanas en detrimento de la seguridad nacional y la cohesión territorial.
Un punto de gran preocupación para la Guardia Civil es el hecho de que, al marginarlos y priorizar a los Mossos en ciertas competencias, se pone en riesgo la efectividad de las operaciones policiales y, por ende, la seguridad de las personas.
«Las autoridades catalanas excluyen sistemáticamente a la Guardia Civil del servicio de emergencias en la región, una decisión que responde a intereses políticos y que pone en peligro la vida de las personas», advierte la organización mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.
Según las fuentes del cuerpo, la Guardia Civil ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para manejar situaciones complejas y su profesionalismo en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y otros delitos graves, competencias que ahora podrían quedar en manos de un cuerpo autonómico con menos experiencia en estos ámbitos.
Las reacciones ante esta situación no se han hecho esperar. Asociaciones de la Guardia Civil se han movilizado y han organizado diversas protestas en las calles para hacer que el Gobierno reconsidere estas cesiones. «Si no hay dinero para nosotros, no lo hay para nadie», advierten, en clara alusión a lo que consideran un trato discriminatorio por parte del Ejecutivo.
Este conflicto se enmarca en un escenario más amplio de tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y el gobierno central, exacerbado por las demandas independentistas en Cataluña. Las concesiones que se han hecho a la Generalitat en materia de seguridad han sido vistas por muchos como una forma de calmar las aguas en una región donde las tensiones políticas han sido recurrentes, especialmente desde el referéndum de independencia de 2017. Sin embargo, desde la Guardia Civil se advierte que estas concesiones podrían tener un alto costo en términos de seguridad y cohesión nacional.
En resumen, la cesión de competencias a los Mossos d’Esquadra ha encendido las alarmas en la Guardia Civil, un cuerpo que se siente cada vez más relegado en Cataluña y que teme que esta situación no solo afecte a sus funciones, sino también a la seguridad de todos los ciudadanos. Las protestas y movilizaciones que se avecinan podrían marcar un punto de inflexión en la relación entre la Guardia Civil, el gobierno y las fuerzas de seguridad autonómicas en España.
