Imagen: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska I Seguritecnia
Tras el apagón eléctrico sin precedentes que afectó a la península ibérica el lunes 28 de abril de 2025, ocho comunidades autónomas solicitaron al Gobierno central la activación del nivel 3 de emergencia de protección civil. Esta medida implica que el Ejecutivo asume la dirección y coordinación de la respuesta ante la crisis en las regiones afectadas.
¿Qué regiones han solicitado el nivel 3 de emergencia?
Las comunidades que solicitaron esta declaración son: Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Inicialmente, Madrid, Andalucía y Extremadura fueron las primeras en solicitar la activación del nivel 3, seguidas posteriormente por las demás regiones mencionadas. El Gobierno respondió positivamente a estas solicitudes, asumiendo la gestión directa de la emergencia en dichas comunidades.
¿Qué implica esta decisión?
El nivel 3 de emergencia es la categoría más alta en el sistema nacional de protección civil en España. Se activa cuando una situación de grave riesgo o catástrofe supera la capacidad de respuesta de las autoridades autonómicas y requiere la intervención directa del Gobierno central:
- Dirección del Estado: el Gobierno central asume la coordinación y dirección de todas las actuaciones de emergencia. Esto incluye a las administraciones autonómicas, locales y a los cuerpos de seguridad y protección civil.
- Crisis de interés nacional: el incidente se considera de interés nacional, lo que habilita al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil, a tomar decisiones estratégicas.
- Movilización de recursos extraordinarios: permite el uso de todos los recursos disponibles del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, servicios sanitarios y medios logísticos.
- Coordinación multilateral: se activa un centro de coordinación que integra a representantes de todas las administraciones implicadas, así como empresas clave (eléctricas, transporte, telecomunicaciones, etc.).
- Evaluación continua de daños: se establece un sistema oficial de evaluación de daños y necesidades urgentes, con vistas a la posible declaración de zonas catastróficas y a la asignación de ayudas.
- Activación de planes sectoriales: se pueden activar planes de emergencia específicos, como los relacionados con infraestructuras críticas, abastecimiento de agua, servicios sanitarios, seguridad alimentaria o transporte.
- Canales de información oficial: se refuerzan los canales institucionales para informar a la ciudadanía de forma centralizada y evitar la propagación de bulos o informaciones erróneas.
