El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado rotundamente que el acuerdo con Junts sobre la delegación de competencias migratorias a Cataluña implique una cesión en el control de fronteras o del flujo migratorio irregular. “No hay cesión sobre el control de fronteras y los flujos migratorios irregulares”, afirmó tajantemente Marlaska tras participar en la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en el Museo Arqueológico Nacional.
El acuerdo con Junts y el autogobierno
Desde que se conoció el pacto entre el Gobierno y Junts, el partido de Carles Puigdemont ha presentado esta delegación como un avance significativo hacia la independencia de Cataluña. Sin embargo, el Ejecutivo central ha tratado de desmentir esta interpretación, asegurando que no se han cedido competencias que comprometan el control estatal sobre las fronteras.
Marlaska aclaró que “la Policía y la Guardia Civil seguirán desarrollando las funciones que desempeñan en fronteras” incluso tras la aprobación de la ley. Aunque los Mossos d’Esquadra asuman funciones complementarias, el ministro subrayó que estas se limitarán a casos muy concretos y que el Estado continuará teniendo la competencia exclusiva sobre la gestión de la inmigración irregular.
“La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y será quien ponga el sello en los pasaportes”, insistió Marlaska al desmentir que haya cambiado de opinión desde que en septiembre negase que el control de fronteras pudiera ser transferido o delegado.
Competencias de los Mossos d’Esquadra
El papel de los Mossos d’Esquadra en este nuevo acuerdo se reduce principalmente a intervenir en situaciones específicas relacionadas con las devoluciones, especialmente aquellas personas que tienen “prohibición expresa de entrar en España”. Marlaska explicó que estas funciones se centran en casos donde la pena privativa de libertad se sustituye por la expulsión, con la consecuente prohibición de entrada al país por un tiempo determinado.
El ministro fue claro al asegurar que “los Mossos actuarán en fronteras en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición”, y que la Administración General del Estado seguirá siendo la responsable de gestionar la inmigración irregular y su correspondiente expulsión.
La cuestión del catalán
Otro punto de conflicto es la propuesta de Junts para que el conocimiento del catalán sea un requisito para los migrantes. Marlaska respondió que la “defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales” será el principio que regirá cualquier medida contemplada en la futura ley.
En cuanto al uso del catalán, el ministro destacó que la legislación actual ya define “claramente lo que son el uso de las lenguas oficiales”. Añadió que aunque el conocimiento del catalán puede ser considerado un elemento favorable en cuestiones como el arraigo, esto “no será determinante para que una persona obtenga la residencia o sea expulsada”.
Marlaska defendió la propuesta de ley pactada entre los socialistas y Junts como un avance en la mejora del “servicio público a la ciudadanía y la cooperación de todas las administraciones” dentro del marco de un Estado autonómico. En su opinión, la incorporación de los Mossos en puertos y aeropuertos responde a un esfuerzo por mejorar la coordinación y la eficiencia administrativa, sin comprometer en ningún momento la soberanía del Estado en la gestión de fronteras.
