El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, planea gastar hasta 85 millones de euros en un nuevo sistema de interceptación de telecomunicaciones; una compra que se plantea hacer dentro de un contexto dudoso, pues a día de hoy queda mucha incertidumbre sobre el supuesto uso ilegal de Pegasus.
Según ha trascendido, Marlaska ya ha adjudicado un megacontrato a dos filiales de Telefónica el pasado día 14 de octubre. Este contrato tiene como meta primera desarrollar una herramienta que permita escuchas telefónicas bajo control judicial. El medio The Objective ha tenido acceso a dicho megacontrato, sabiendo que está financiado con fondos europeos y su adjudicación ha sido negociada sin publicidad.
Este procedimiento permite a la entidad adjudicadora negociar directamente con empresas sin realizar una convocatoria pública. En este caso, la decisión se justifica por motivos de seguridad.
La Secretaría de Estado de Seguridad ha sido el encargado de tramitar dicho pliego con las dos filiales de Telefónica. Según The Objective, el plazo de ejecución previsto según el acta de resolución es de tres años. El plazo empezará a contar desde febrero de 2025 o desde la fecha de formalización del contrato, si ésta fuese posterior. La herramienta permitirá intervenir decenas de miles de llamadas y mensajes de investigados, previa autorización judicial.
La idea de utilizar esta herramienta se ha ejecutado a través de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), durante la investigación del caso Koldo y de sus vínculos, es decir, el caso de los hidrocarburos. Así mismo, esta herramienta, Pegasus, ha sido una pieza clave para operaciones antidroga y para detener a individuos vinculados a los atentados yihadistas del 11-M.
Marlaska quiere interceptar llamadas telefónicas
Según se ha conocido, el Ministerio del Interior adjudicó el megacontrato para la prestación de los servicios de telecomunicaciones fijas (voz y datos), móviles (voz y datos), de acceso y relación con otras redes públicas y privadas (nacionales e internacionales), así como la gestión integral para la seguridad de las telecomunicaciones de la Policía.
Este contrato adjudicado por Marlaska está dividido en tres lotes y fue tramitado por el procedimiento negociado sin publicidad. El valor estimado supera los 173 millones y su periodo de ejecución es de cuatro años.
The Objective ha conocido que el lote más importante recayó en Telefónica. El encargo para la implantación de servicios de comunicaciones sobre la red de datos está valorado en 134,5 millones. Por su parte, Capgemini España se hizo con un lote valorado en 12,4 millones para poner en marcha una Oficina Técnica para proveer de soporte a la Oficina de Programa.
