El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido refugiarse en los tribunales para no cumplir el acuerdo sobre la equiparación salarial de policías y guardias civiles con el resto de policías autonómicas. Marlaska ha demostrado en más de una ocasión su escasa intención de cumplir este acuerdo, pactado en 2018.
Desde hace siete años, Marlaska ha incumplido este acuerdo hasta tres veces. Uno de los incumplimientos más flagrantes que habría cometido el ministro socialista es el reingreso de los agentes de segunda actividad al servicio activo; una auditoría externa que analice puesto a puesto la diferencia salarial entre policías y guardias civiles con Mossos y Ertzainas.
Otra de las cuestiones que Marlaska ha evitado es desarrollar una ley de retribuciones con el fin de evitar desigualdades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El reingreso de los agentes al servicio activo y la auditoría externa son dos medidas que se encuentran los juzgados, a la espera de que el juzgado tome una decisión. La iniciativa para evitar las desigualdades en las FCSE, no hay aviso de se registre en el juzgado.
El PSOE bloquea 18 veces la jubilación anticipada de policías y guardias civiles
Tanto el PSOE como sus socios de gobierno han votado en más de tres ocasiones en contra de que se aplique una ley para equiparar el salario entre las distintas policías. Los sindicatos policiales como CEP, EYA y Jupol, han mostrado ante el Senado y el Congreso un conflicto colectivo contra el ministerio del Interior.
El partido de Sánchez ha bloqueado hasta en 18 ocasiones la jubilación anticipada de policías y guardias civiles, así como que se les reconozca como profesión de riesgo. Lo que hay que destacar que las policías autonómicas sí que son consideradas como profesiones de riesgo y pueden optar a la jubilación anticipada.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional de 2023, el Ministerio del Interior estaba en la obligación de renegociar ese acuerdo de equiparación salarial, presentada por CEP, Jucil y ELLA. Así mismo, le obliga a destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios para incentivar el reingreso de los agentes que se encuentran en Segunda Actividad y Reserva al servicio activo.
Marlaska acudió a los tribunales sin avisar a los agentes, para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional. También se negó a negociar con los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, los asuntos pendientes del acuerdo firmando en 2018.
