El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cambiado su historia tras seis días de crisis. Lo que empezó como un mensaje de agradecimiento hacia el Gobierno central se transformó en una crítica abierta hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), a quienes señaló como responsables de una gestión deficiente en la emergencia.
Mazón solicitó ayudas que equivalen al presupuesto autonómico, siguiendo el ejemplo de su líder de partido, Alberto Núñez Feijóo, quien pidió declarar la emergencia nacional. Esta solicitud implicaría un control total del Gobierno central sobre la situación en Valencia, desplazando a Mazón de la coordinación directa.
Conflicto interno y tensión con las autoridades de emergencia
El giro de Mazón generó incomodidad entre los responsables de emergencias, que cuestionaron su enfoque. Un dirigente del PP declaró que la responsabilidad por las pérdidas de vidas era compartida con el Gobierno central, mientras los equipos de emergencia continuaban con labores de rescate y limpieza en las áreas afectadas. El número de fallecidos aumentó a 211, mientras se espera que el balance de desaparecidos sea actualizado.
Retrasos en la alerta y choque de versiones
Carlos Mazón defendió los protocolos que siguió en la activación de alertas, aunque seis días después de las lluvias aún enfrentaba críticas por la tardanza en el aviso a la población. La Generalitat aseguró que no tenía información suficiente sobre el desastre inminente, aunque las redes de la Confederación Hidrográfica proporcionan datos en tiempo real accesibles al Gobierno autonómico. Desde el Ministerio de Transición Ecológica aclararon que la activación de alertas es competencia de los servicios autonómicos.
Tensiones en el PP y reacciones a nivel nacional
El cambio de postura de Mazón se dio en un contexto de agitación política. La visita del Rey a Paiporta, uno de los municipios más afectados, desencadenó altercados entre ciudadanos y activistas, lo que llevó a un juzgado de Torrent a investigar los hechos. Feijóo se mostró cauteloso en su condena de estos incidentes, mientras miembros del Gobierno valenciano pidieron “unidad y empatía” en la gestión de la tragedia. Desde el Ministerio de Defensa, la ministra Margarita Robles instó a Mazón a mejorar la coordinación de la emergencia.
El Gobierno se mantiene al margen de la polémica
En contraste, el Gobierno central evitó confrontaciones. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reafirmó su intención de cooperar sin generar polémica, subrayando que el objetivo era asistir a los ciudadanos valencianos. En la misma línea, el presidente de la Generalitat ofreció un mensaje de unidad y anunció un paquete de 136 medidas de ayuda valoradas en 31.402 millones de euros, entre las cuales se incluye un apoyo de 6.000 euros para las familias afectadas.
Refuerzos y perspectivas sanitarias ante los riesgos
La llegada de más efectivos se hizo palpable en las calles tras la última reunión del comité de crisis, presidida por el Rey Felipe VI. A los 6.600 efectivos de las Fuerzas Armadas se sumaron otros 1.200, con miles más en apoyo logístico. La preocupación por infecciones en las zonas afectadas motivó al presidente Mazón a pedir a los ciudadanos y voluntarios que se vacunen contra el tétanos. Además, el Ministerio de Sanidad envió un equipo de especialistas para reforzar la vigilancia epidemiológica y la prevención de brotes en las áreas más vulnerables.