El presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, ha conseguido refinanciar la deuda de la compañía tras un proceso cargado de tensión, que ha incluido una ampliación de capital y una serie de conversaciones con la banca. La operación, cerrada a primera hora del miércoles, garantiza la estabilidad financiera del grupo hasta 2029, aunque las condiciones no son tan favorables como se había previsto en un inicio.
En total, Prisa ha logrado reorganizar una deuda de 700 millones de euros, cancelando 40 millones mediante la ampliación de capital. Las nuevas condiciones extienden el vencimiento de la deuda super senior a junio de 2029 y la senior a diciembre del mismo año. Sin embargo, si bien el acuerdo supone un alivio financiero, ha resultado más exigente debido a la intervención del Gobierno.
El papel de Moncloa en la ecuación
Fuentes cercanas a las negociaciones han confirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de frenar la refinanciación. A través de reuniones con la banca acreedora y la participación de ministros, Moncloa ha presionado para que los bancos impongan condiciones más estrictas a Oughourlian, argumentando que un fondo extranjero como Amber Capital no debería tener el control del principal grupo de medios del país.
En este contexto, el Ejecutivo ha respaldado a los accionistas rebeldes Alconaba, Adolfo Utor y Diego Prieto, quienes buscan desplazar a Oughourlian. Según fuentes consultadas, el Gobierno considera que su salida sería beneficiosa para la estabilidad de Prisa y la pluralidad informativa.
Impacto en las negociaciones
Las presiones del Gobierno no impidieron la refinanciación, pero sí dificultaron las condiciones. Fuentes cercanas indican que el acuerdo estaba prácticamente cerrado en enero, pero tras las maniobras del Ejecutivo y la publicación de informaciones sobre la rebelion accionarial, algunos bancos reconsideraron sus términos, endureciendo los intereses y las condiciones de pago.
Otro de los factores que afectó la renegociación fue la incertidumbre generada por el posible lanzamiento de un canal de televisión impulsado por Andrés Varela y José Miguel Contreras, lo que llevó a los bancos a incluir cláusulas restrictivas en la refinanciación, limitando operaciones futuras sin el respaldo de al menos un 25% del capital. Si bien esta medida busca evitar riesgos innecesarios, también podría dificultar futuras estrategias de crecimiento del grupo.
Moncloa sigue moviendo sus fichas
No es la primera vez que el Gobierno interviene en la situación de Prisa. Informaciones publicadas en el diario francés Le Point indicaron que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, Mar Murtra, se reunieron con Arnaud de Puyfontaine, consejero delegado de Vivendi, para sugerirle que vendiera sus acciones en Prisa a los accionistas rebeldes.
Además, en las últimas semanas, el Ejecutivo también ha ejercido presión sobre el magnate Carlos Slim, instándolo a respaldar la destitución de Oughourlian. Si bien estas gestiones no han tenido el efecto inmediato que el Gobierno buscaba, podrían influir en el futuro de la compañía.
El acuerdo con la banca supone un respiro momentáneo para Oughourlian, quien ha conseguido afianzar su posición reduciendo la participación de los accionistas opositores mediante la ampliación de capital. Sin embargo, los rebeldes buscan ahora impugnar la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los tribunales.
Tras la reestructuración, Oughourlian cuenta con un mayor control accionario, lo que hace más complicado que sus opositores sumen el 51% necesario para desplazarlo. No obstante, si los accionistas rebeldes lograran convencer a Vivendi y Slim para unirse a su causa, podrían acercarse a la mayoría, aunque aun así no la tendrían asegurada.
