En los próximos días, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre dos querellas que afectan a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De ser imputada, Montero podría convertirse en la primera titular de Hacienda en enfrentar cargos por un presunto delito de revelación de secretos.
Este proceso judicial se enmarca en una serie de hechos relacionados con la difusión de información reservada vinculada a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Paralelamente, el Alto Tribunal también debe pronunciarse sobre la exposición razonada presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un proceso vinculado a los mismos hechos. Este caso está relacionado con la presunta difusión de datos reservados sobre González Amador.
La querella más avanzada contra la ministra Montero ha sido presentada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que la acusa de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, de acuerdo con el artículo 198 del Código Penal. La acusación también señala el incumplimiento del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que establece el carácter reservado de los datos fiscales.
El escrito de la querella solicita que Montero sea interrogada como imputada y que se requiera información a la editora de elDiario.es y a la agencia Europa Press, además del registro de accesos al expediente de González Amador en el Ministerio de Hacienda.
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El documento señala que Montero pudo haber accedido a los datos reservados de González Amador prevaliéndose de su cargo, ya que los detalles revelados sólo constaban en un informe de la Agencia Tributaria y en la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid.
La fiscalía acusa a González Amador de fraude fiscal y falsedad documental, señalando el presunto uso de comisiones obtenidas de la venta de mascarillas para financiar la compra de un inmueble donde reside junto a Díaz Ayuso.
La polémica se intensificó cuando Montero, en una intervención en el Senado el 12 de marzo de 2024, hizo alusión a este supuesto fraude. Lo llamativo es que sus declaraciones ocurrieron pocas horas antes de que elDiario.es publicara información sobre el caso. A pesar de la coincidencia, Montero afirmó que su conocimiento del asunto se basaba en lo ya publicado en medios de comunicación, lo que parece ser su línea de defensa.
Hasta ahora, Montero ha tratado de justificar sus declaraciones argumentando que se sustentan en informes mediáticos, un enfoque similar al que utilizó la Fiscalía cuando archivó una denuncia similar en abril de 2024. Ahora, será el Tribunal Supremo quien decida si procede con la imputación de la ministra de Hacienda.
