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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que el Consejo de Ministros procederá este martes a presentar ante el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2024-2027. Esta presentación, conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, debería establecer las bases para los planes presupuestarios del Gobierno para la legislatura. Sin embargo, la propuesta enfrenta dificultades debido a la amenaza de Junts de rechazarla, como ocurrió en julio. Esta situación convierte la presentación en un trámite complicado que podría afectar el desarrollo del proyecto de Presupuestos del Estado para 2025, cuya viabilidad se presenta incierta.
Detalles de la propuesta de Hacienda y posibles consecuencias
La propuesta de Hacienda no anticipa cambios significativos y establece un techo de gasto no financiero de 199.171 millones de euros, incluyendo fondos europeos. Además, la senda de reducción del déficit prevé un 2,5% para 2025, un 2,1% para 2026 y un 1,8% para 2027, permitiendo un leve déficit del 0,1% para las autonomías y exigiendo equilibrio presupuestario a los ayuntamientos. A pesar de esto, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como Pedro Sánchez han señalado que seguirán adelante con sus planes presupuestarios, incluso si el Congreso rechaza la senda de déficit, en un esfuerzo por evitar expectativas de elecciones anticipadas.
Desafíos en la revisión por la Comisión Europea
A nivel europeo, la Comisión Europea enfrentará el desafío de demostrar la fiabilidad del nuevo marco fiscal, que reemplaza a las reglas anteriores. Aunque España cuenta con el respaldo de la Comisión, que aprobó sus cifras en junio y le eximió de presentar un plan de reequilibrio, la Comisión revisará las cifras de déficit de España en octubre, a la luz del proyecto presupuestario para 2025 y del plan fiscal estructural que el Gobierno debe acordar con Bruselas en las próximas semanas. La incertidumbre sobre los Presupuestos de 2025 plantea dudas sobre el compromiso del país con su proceso de consolidación fiscal y su capacidad para cumplir con las normas europeas, ya que la Airef advirtió que el plan actual no cumpliría con la regla de evolución del gasto ni en 2024 ni en el futuro.