El Ministerio de Trabajo ha concluido los detalles del real decreto que busca reforzar la prevención de riesgos laborales para las trabajadoras del hogar y el servicio de ayuda a domicilio. Tras varias reuniones con colectivos de empleadas del sector, el documento será presentado este martes en el Consejo de Ministros. Este incluye la obligación de que los empleadores evalúen los riesgos en los domicilios donde estas trabajadoras desempeñan sus tareas, utilizando una herramienta diseñada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
Medidas para garantizar la seguridad
El nuevo real decreto establece que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos a las trabajadoras del hogar, además de proveerles material de seguridad cuando sea necesario. Esta normativa forma parte de un esfuerzo por mejorar los derechos de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas inmigrantes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado este proceso como parte de su compromiso con la igualdad de condiciones laborales para todos los sectores.
Equiparación con otros regímenes laborales
Uno de los objetivos clave es equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar con los del resto de los trabajadores. En los últimos años, este colectivo ha logrado avances significativos, como el derecho a cobrar el subsidio por desempleo, algo que no estaba permitido en el pasado. Una fuente del ministerio destaca que el nuevo decreto cierra un ciclo de desigualdades históricas al otorgar a estas mujeres un estatus de normalidad respaldado por el sector público.
Nuevas responsabilidades para los empleadores
El texto introduce siete cambios principales, entre los que destaca la obligación de los empleadores de realizar una evaluación de riesgos en los hogares. El INSST será el encargado de diseñar una herramienta que permita evaluar adecuadamente los espacios de trabajo. Asimismo, el ministerio emitirá una guía técnica para prevenir riesgos laborales y un protocolo específico contra la violencia y el acoso en el empleo doméstico. Los empleadores deberán proporcionar equipos de protección a sus trabajadoras y suspender la actividad en caso de riesgo grave.
Apoyo estatal sin aumento del gasto público
El decreto también refuerza el apoyo estatal para las trabajadoras del hogar. Aquellas que lo deseen podrán acceder a revisiones médicas gratuitas a través del SNS y recibir formación financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según el documento, estas medidas no implicarán un aumento del gasto público, ya que se llevarán a cabo sin incrementar el coste operativo de las entidades involucradas.
Incentivos a la regularización y críticas sindicales
Para fomentar la regularización de las trabajadoras del hogar, se mantendrán las bonificaciones en la cotización al desempleo (80%) y en la contribución al Fogasa (20%). No obstante, se excluye a este colectivo de la aplicación del recargo de prestaciones por falta de medidas preventivas en caso de accidente o enfermedad profesional.
Los sindicatos, sin embargo, han expresado sus reservas sobre la autoevaluación de riesgos por parte de los empleadores, considerando que no se han incorporado mecanismos para que la Inspección de Trabajo pueda acceder a los domicilios privados. A pesar de estas críticas, la Constitución Española garantiza la inviolabilidad del domicilio, lo que ha impedido que se incluya una cláusula que permita inspecciones en estos espacios.
