El Gobierno ha anunciado una serie de medidas para incrementar cotizaciones e impuestos a partir de 2025, con el objetivo de afrontar el impacto financiero de la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’. Este colectivo, compuesto por 14 millones de personas, ha comenzado a retirarse desde 2023, generando una presión significativa sobre el sistema de pensiones debido a las cuantiosas prestaciones que perciben tras décadas de cotización.
La carga recae principalmente sobre los trabajadores con mayores ingresos y las empresas, que deberán asumir incrementos sustanciales en sus aportaciones. La base máxima de cotización subirá un 2,8 %, ajustándose al IPC medio interanual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Además, se añadirá un aumento adicional del 1,2 % como parte del proceso de destope , que se extenderá progresivamente hasta 2050, acumulando un alza total del 38 %.
Nuevas cuotas e impuestos
Entre las nuevas medidas destaca la implementación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional , que añadirá un 0,8 % a todas las nóminas, independientemente del nivel salarial. A ello se sumará una ‘cuota de solidaridad’, aplicada exclusivamente a los salarios superiores a los 59.000 euros anuales, que no generará derechos adicionales para la jubilación y que, en la práctica, funciona como un impuesto. En 2025, esta cuota estará entre el 0,92 % y el 1,17 % del salario que supere la base máxima de cotización, incrementándose progresivamente hasta alcanzar un rango de entre 5,5 % y 7 % en 2045.El impacto no se limitará a los empleados por cuenta ajena, ya que los autónomos serán excluidos de cualquier excepción, un punto que ha generado críticas de organizaciones como la Federación Española de Familias Numerosas . Esta entidad exige al Gobierno que se introduzcan mecanismos que consideren el número de hijos a la hora de aplicar estas subidas, argumentando que no se reconoce adecuadamente el esfuerzo económico de las familias.
Repercusiones para las empresas
Las empresas, principales afectadas por estas reformas, han denunciado un incremento constante de las cotizaciones desde 2019, que ya acumula alzas superiores al 30 %. Desde las patronales empresariales se advierte que estas medidas impactarán negativamente en la competitividad, dificultarán la retención de talento y obstaculizarán las subidas salariales. Los empresarios consideran que el sistema actual, con una sobrecarga de costes, pone en riesgo la sostenibilidad del tejido productivo y las oportunidades de creación de empleo cualificado.
