La diputada del PSOE, Patricia Blanquera, ha implorado a los diputados de ERC que apoyen el paquete fiscal que está intentando impulsar el Ejecutivo. Este gesto tan simbólico demuestra la pésima situación del partido socialista a la hora de intentar sacar adelante sus iniciativas.
El Gobierno enfrentaba serios problemas para aprobar la ley de transposición de la directiva europea del tipo mínimo del 15 % a las multinacionales. Con varias enmiendas añadidas al texto, como el gravamen energético y subidas fiscales, los apoyos parlamentarios no estaban asegurados. Ante esta situación, el presidente de la Comisión, Alejandro Soler, suspendió la sesión por más de dos horas en una controvertida decisión que dio al PSOE margen para negociar.
La situación se ha resuelto con el pacto entre ERC, Bildu y BNG. Los tres partidos han acotado su apoyo al PSOE hasta el 2025, compromiso que destaca debido a que contradice los acuerdos anteriormente firmados con el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Junts para eliminar dicho impuesto, fue el punto clave que permitió reanudar la votación y evitar una derrota política.
Este acuerdo ha concluido con la promesa de que se aumentará el tramo más alto del impuesto a la banca y con el compromiso de que se destinará toda la recaudación de este impuesto a las comunidades autónomas, además de su concertación con las haciendas forales.
El PSOE no consigue sacar adelante sus iniciativas sin apoyo de los partidos independentistas
El vídeo de la diputada del PSOE implorando a ERC que le apoyen en esta iniciativa, se ha convertido en el emblema de una jornada marcada por el caos y las negociaciones a contrarreloj. Por otro lado, el PP, crítico con las enmiendas fiscales, votó en contra, dificultando aún más el panorama.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene una extensa lista de propuestas e iniciativas que no se han aprobado. Uno de los compromisos que está totalmente paralizado es la iniciativa propuesta por Yolanda Díaz, líder de Sumar y con quien gobierna en coalición. Yolanda Díaz, no consigue firmas de los sindicatos y la CEOE para la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Diversos sectores han expresado su rechazo a esta iniciativa, argumentando que su implementación tendría un impacto negativo significativo en la facturación de las empresas. Señalan que una reducción considerable en los ingresos empresariales derivaría en una disminución de beneficios, lo que afectaría directamente al empleo y los salarios.