Madrid, España – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado por el Juzgado de Primera Instancia 98 de Madrid para asistir a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero. La citación surge tras una demanda presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien exige una retractación por haber sido denominado «delincuente confeso» por Sánchez.
Según fuentes jurídicas, la demanda fue interpuesta en octubre pasado, tras declaraciones realizadas por Sánchez el 17 de octubre en Bruselas, donde calificó públicamente a González Amador de manera despectiva. En su demanda, González Amador alega que las declaraciones de Sánchez y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han violado «los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español».
El jefe del Ejecutivo no está obligado a comparecer personalmente al acto de conciliación y puede optar por responder por escrito. En caso de no rectificar, González Amador tiene la posibilidad de proceder con una demanda por injurias y calumnias, que sería tramitada por el Tribunal Supremo debido al fuero que posee Sánchez como presidente del Gobierno. Además, la demanda solicita una indemnización de 100.000 euros para Sánchez y 50.000 euros para Bolaños.
En una rueda de prensa tras el Consejo Europeo, Sánchez expresó su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por el Supremo. «El origen de todo esto», afirmó, «es que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo para situar la mentira de un delincuente del lado de la Fiscalía General del Estado». Estas declaraciones han intensificado las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
De manera similar, Alberto González Amador ha presentado otra demanda contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, solicitando 40.000 euros por declaraciones realizadas en su contra. Esta demanda ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo, ampliando el alcance legal del conflicto.
El incidente ha generado un clima de confrontación política, reflejando las complejas dinámicas entre las instituciones nacionales y la administración regional de Madrid. La pareja de Ayuso busca no solo una retractación pública sino también una compensación económica por el daño a su reputación.
Hasta el momento, Pedro Sánchez no ha emitido una declaración oficial sobre el asunto. Mientras tanto, los analistas políticos señalan que este conflicto legal podría tener implicaciones significativas para las relaciones interinstitucionales y la imagen pública de las figuras involucradas. Las próximas semanas serán cruciales para determinar la respuesta de Sánchez y el desarrollo de este caso que capta la atención nacional.
Las autoridades han asegurado que se respetará el proceso legal correspondiente y que se tomarán las medidas necesarias para garantizar una resolución justa y equitativa. La comunidad política observa atentamente los avances de este caso, que subraya las tensiones actuales dentro del panorama político español.
