El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encendido el debate político y judicial tras insinuar que el Partido Popular (PP) dispone de información privilegiada proporcionada por jueces, acusación que ha desatado una oleada de críticas desde el ámbito judicial. En una conversación informal durante la tradicional copa de Navidad con periodistas en La Moncloa, Sánchez afirmó que la oposición «juega con cartas marcadas», sugiriendo una posible connivencia entre el PP y algunos miembros del Poder Judicial.
Sánchez justificó sus palabras refiriéndose a declaraciones recientes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que auguraba dificultades judiciales para el Gobierno. «Eso me preocupa», subrayó Sánchez, al tiempo que aseguró que su Ejecutivo siempre ha defendido la independencia judicial. Sin embargo, esta afirmación contrasta con sus críticas hacia jueces y fiscales, a quienes señaló indirectamente como parte de un «frente mediático y judicial» al servicio de la oposición.
La reacción desde el sector judicial no se hizo esperar. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más representativa del colectivo, calificó las declaraciones de Sánchez como «lamentables». María Jesús del Barco, presidenta de la APM, afirmó que los jueces investigan «con sujeción a la ley» y rechazó cualquier insinuación de connivencia con el PP. «Atacar a los jueces parece la solución a sus problemas, pero los jueces no somos el problema», señaló.
Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), denunció las «calculadas insinuaciones» de Sánchez, advirtiendo que socavan la confianza ciudadana en la independencia judicial. «Este tipo de comentarios erosionan el Estado de Derecho y generan una deslegitimación peligrosa de las instituciones», expresó.
Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), comparó el discurso del presidente español con el populismo de líderes como Donald Trump. «Sánchez sugiere, sin pruebas, que los jueces actúan por intereses partidistas, cuando en realidad solo están haciendo su trabajo: investigar las denuncias y querellas presentadas», explicó.
El enfrentamiento se da en un contexto de creciente tensión política, donde el Ejecutivo de Sánchez enfrenta varios desafíos, incluyendo la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y mantener el apoyo de sus socios parlamentarios. A pesar de los retos, el presidente aseguró que «sudará la camiseta» para lograr la aprobación de las cuentas públicas y reiteró su disposición a negociar con líderes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Desde la oposición, el PP rechazó las acusaciones de Sánchez, calificándolas de un intento de desviar la atención de los problemas internos del Gobierno. «Sánchez busca enemigos externos para tapar su debilidad política», comentó una fuente del partido.
El conflicto va más allá de un simple comentario , se enmarca en una estrategia de acoso y derribo contra la credibilidad judicial y de la instituciones españolas. Supone la división entre el Poder Ejecutivo y Judicial, poniendo en entredicho la separación de poderes en España. Mientras los jueces únicamente exigen el respeto debido a su labor y subrayan la importancia de su independencia, el Gobierno insiste en que sus críticas no buscan exponer lo que considera prácticas irregulares de la oposición.
La controversia amenaza con prolongarse indefinidamente y podría intensificar la polarización política en el país, afectando no solo la relación entre las instituciones, sino también la percepción ciudadana sobre la imparcialidad del sistema judicial.
