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Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido este jueves que se distribuyan copias de las grabaciones del 30 de julio en La Moncloa a las partes involucradas en el caso. Esta decisión, contraria a la posición de la Fiscalía, se basa en que dichas grabaciones podrían permitir «inferencias» y extraer «conclusiones» sobre el caso.
Implicaciones del silencio de Pedro Sánchez
Peinado señaló que el «silencio» de Pedro Sánchez al negarse a declarar como testigo en La Moncloa, aunque «legítimo», puede ser objeto de interpretación y podría contribuir a la formación de conclusiones junto a otros elementos objetivos. Estas conclusiones, según el juez, podrían tanto incriminar a algún investigado como excluir responsabilidades penales, dependiendo de la valoración conjunta de las pruebas.
Controversia sobre la entrega de grabaciones
El pasado 3 de agosto, la Fiscalía solicitó que no se entregaran las grabaciones de la declaración de Sánchez, argumentando que no tenían «utilidad material o procesal». Sin embargo, el juez Peinado rechazó esta petición, criticando que no se mencionó ningún precepto legal que respaldara dicha solicitud. El juez defendió que las partes tienen derecho a acceder a toda la documentación relevante, incluyendo las grabaciones, para poder interpretar adecuadamente las acciones y silencios de los involucrados.
Este viernes, Begoña Gómez, bajo investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, decidió no declarar ante el juez Peinado. Gómez se acogió a su derecho legal de no testificar contra sí misma, lo que ha generado mayor atención sobre el caso.
La querella contra el juez Peinado
En respuesta a la investigación, Pedro Sánchez presentó una querella contra el juez Peinado, acusándolo de prevaricación. Sánchez argumenta que el juez ha emitido resoluciones «injustas» y que se han basado en «convicciones propias» en lugar de un deber investigador objetivo. La querella fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decidirá en septiembre si admite el caso.
La defensa de Gómez considera que llevar el caso a los tribunales es «el único camino» ante lo que describen como un abuso de poder por parte del magistrado. Este proceso judicial podría tener importantes implicaciones, tanto para el curso de la investigación como para la situación política del presidente del Gobierno.
