Imagen: el juez Cándido Conde-Pumpido I 65ymás
Cándido Conde-Pumpido, expresidente del Tribunal Constitucional (TC) y exfiscal general del Estado, ha jugado un papel clave en la revisión de las condenas del caso de los ERE fraudulentos, que implicó a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A pesar de haberse apartado en el pasado de la causa cuando era magistrado del Tribunal Supremo para garantizar su imparcialidad, al asumir la presidencia del TC cambió su postura.
Desde esa posición, impulsó la revisión de las sentencias, argumentando que el TC había actuado correctamente al aplicar su doctrina para suavizar las penas de inhabilitación y prisión impuestas a los ex altos cargos. Su enfoque ha generado controversia, pues se alinea con la defensa del PSOE, que sostiene que no hubo fraude en la distribución de los fondos, lo que ha desatado tensiones políticas, especialmente con los sectores más conservadores.
Implicación de la Justicia Europea
El Tribunal de Sevilla ha planteado la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la aplicación de una norma en el caso de los ERE podría estar vulnerando el derecho comunitario. La cuestión prejudicial es un mecanismo procesal que permite a un juez nacional consultar al TJUE cuando existen dudas sobre la compatibilidad de una norma con el derecho de la UE. En este caso, lo que se busca es evaluar si el Tribunal Constitucional (TC) se ha extralimitado en sus funciones al revisar las condenas de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Esta posible extralimitación podría derivarse de varios supuestos, como la falta de una argumentación jurídica sólida o la asunción de competencias que no le corresponden al TC, según fuentes jurídicas consultadas. En términos técnicos, se plantean escenarios de incongruencia ultrapetita, citrapetita, o extrapetita. Es decir, que el tribunal no se pronuncie sobre una cuestión esencial, que otorgue una solución distinta a la solicitada por las partes o que exceda los límites de su propia decisión.
Por su parte, Cándido Conde-Pumpido sostiene que, si bien cualquier órgano judicial puede elevar una cuestión prejudicial al TJUE, esta no puede utilizarse para cuestionar una resolución del Tribunal Constitucional, ya que, a efectos jurídicos, el TC no es un órgano jurisdiccional en el sentido estricto del derecho de la UE.
Resolución del caso ERE
El caso de los ERE concluyó con la condena de varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía por un fraude en la concesión de ayudas públicas entre 2000 y 2009, que ascendió a casi 680 millones de euros. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo consideraron probado que estas subvenciones se otorgaron sin control ni transparencia, beneficiando a empresas y personas sin justificación legal. Entre los condenados destacaron los expresidentes Manuel Chaves (inhabilitación) y José Antonio Griñán (prisión por malversación), aunque posteriormente el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las condenas, lo que ha generado controversia y un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
