Este jueves, el Pleno del Congreso español volverá a ser escenario de un debate sobre la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. Esta iniciativa es impulsada tanto por el Partido Popular (PP) como por Vox, quienes han presentado propuestas independientes para censurar al fiscal general por lo que consideran «gravísimos incumplimientos» de sus funciones. Este intento llega después de que el Senado aprobara, con mayoría absoluta del PP, una moción similar en mayo, apoyada por la abstención de partidos socios del Gobierno como ERC, Junts, PNV y Bildu.
La propuesta del PP tiene sus raíces en mayo de este año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación a García Ortíz por presunta revelación de secretos. En el centro de este tema se encuentra la disputa sobre la supuesta divulgación de detalles confidenciales sobre la regularización fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta situación se agrava, según el PP, por otros episodios de tensión institucional, como los enfrentamientos de García Ortíz con el Consejo Fiscal o su polémica decisión de nombrar a la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala, desafiando incluso sentencias del Tribunal Supremo.
El tono crítico del PP y de su discurso recogido por diversos medios: «Es imposible que don Álvaro García Ortíz siga un minuto más en el cargo cuando no escucha a la carrera fiscal, ni al Consejo Fiscal». La acusación es clara: el fiscal general está violando la esencia de su función, lo cual genera “bochorno” no solo en el ámbito jurídico, sino también entre los demócratas.
Por su parte, Vox ha seguido una línea similar y su propuesta, que podría votarse por puntos, reclama la destitución “inmediata” de García Ortíz por la causa abierta en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. Asimismo, plantea una reforma de la Ley que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal para hacer vinculante la audiencia del Consejo General del Poder Judicial en el proceso de nombramiento del fiscal general. El objetivo de Vox es asegurar la idoneidad, imparcialidad y competencia profesional en este cargo de alta responsabilidad.
El debate, originalmente previsto para el pasado miércoles 30 de octubre, fue suspendido debido a la catástrofe de la DANA que afectó severamente a Valencia y otras provincias españolas. Tras este aplazamiento, la votación ha sido reprogramada para esta semana, lo cual promete una sesión de alto voltaje en el Congreso.
