La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha manifestado una gran preocupación ante la reciente cesión de competencias de la Guardia Civil a la policía autonómica vasca, la Ertzaintza. Este cambio, acordado la semana pasada, permite a la Ertzaintza asumir responsabilidades en seguridad ciudadana y funciones de policía judicial en puertos y aeropuertos del País Vasco. Según IGC, esto relega a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de esas competencias críticas.
La preocupación no se limita a la pérdida de competencias, sino también a las implicaciones personales y familiares para los guardias civiles destinados en el País Vasco. Los miembros de la Guardia Civil asignados a puertos y aeropuertos de la región se sienten abandonados por la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC). La incertidumbre sobre su futuro laboral y familiar ha sido una constante desde que se planteó la cesión de competencias, lo que ha generado un notable descontento entre los afectados.
Solicitudes y demandas de la IGC
La IGC ha anunciado que solicitará que en el próximo Pleno Ordinario del Consejo de la Guardia Civil, que se celebrará en octubre, se incluya como punto del orden del día la afectación para el personal destinado en el País Vasco. La asociación considera que esta cuestión es de vital importancia tanto para los guardias civiles como para la ciudadanía en general. Además, denuncian que el Gobierno pretende recortar las competencias de la Guardia Civil en favor de otros cuerpos policiales, lo cual perciben como un acto de favoritismo.
El reciente acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco ha encendido las alarmas entre las asociaciones y sindicatos policiales. Según un comunicado de la IGC, esta cesión de competencias forma parte de un desmantelamiento más amplio de la Guardia Civil, particularmente promovido por partidos independentistas que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez.
Además de las competencias en puertos y aeropuertos, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) también corre riesgos. Ya en junio de 2021, el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco pactaron que la Ertzaintza tendría prioridad sobre el Seprona en delitos medioambientales. En Navarra, aunque las competencias de Medio Ambiente son exclusivas del gobierno autonómico, la vigilancia se ha realizado conjuntamente entre la Policía Foral y el Seprona. Sin embargo, en otras comunidades autónomas, como Cataluña, las funciones del Seprona podrían reducirse significativamente con la aprobación de la nueva Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales, que está siendo preparada por el gobierno.
El proyecto de ley, cuyo dictamen fue aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, establece en su artículo 4 que los agentes forestales medioambientales tendrán funciones de policía administrativa especial y policía judicial en sentido genérico, funciones que hasta ahora ejercía el Seprona. Esta nueva legislación podría limitar aún más el ámbito de acción del Seprona, exacerbando la preocupación dentro de la Guardia Civil.
