Todavía es pronto para cantar victoria, ya que aún no se ha aprobado de forma definitiva, pero, al menos, el Congreso acaba de dar un primer paso importante y efectivo para acabar con la lacra que supone la okupación en España desde hace años y, muy especialmente, desde 2020.
Por sorpresa y a trompicones, incluyendo errores la hora de votar, pero ha salido adelante. El Parlamento aprobó la semana pasada una enmienda del PNV en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, por la cual se modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incluir en los juicios rápidos el delito de usurpación de morada, que es como se denomina jurídicamente la okupación de viviendas ajenas.
La medida fue aprobada con los votos de PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC, aunque estos dos últimos la apoyaron por error. Vox, sin embargo, se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra. Ahora, la tramitación continúa en el Senado, donde el PP tiene mayoría, de modo que todo apunta a que se aprobará finalmente.
Esto bien podría marcar un positivo punto de inflexión en la suicida senda de desprotección e inseguridad jurídica que sufren los propietarios, ya que el juicio rápido permitiría agilizar los desahucios de okupas. España registra una media de 15.000 okupaciones al año, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, si bien la cifra real es muy superior, ya que no se denuncian todos los delitos debido al colapso e inutilidad de la Justicia.
Este delito se ha disparado en los últimos quince años, desde la pasada crisis financiera internacional, puesto que las denuncias rondaban las 4.000 al año en 2011, mientras que ya ascendían a 12.000 en 2018, cuando Sánchez llega a la Moncloa. Desde entonces, las okupaciones han seguido creciendo. Y lo trágico es que cada vez es más complicado recuperar la vivienda okupada, dado que la Justicia ya tarda una media de dos años en desalojar a estos delincuentes.
El problema, sin embargo, es que la reforma aprobada ahora en el Congreso se antoja insuficiente. Para empezar, porque Bildu y ERC han anunciado que tratarán de enmendar su error para seguir dificultando el desahucio de okupas, de modo que, pese a ganar esta batalla, la guerra legislativa continuará. Y, en segundo término, porque sigue sin abordarse el cada vez más grave problema de la inqui-okupación, referida al impago del alquiler.
Si bien no hay datos oficiales, las plataformas de afectados hablan de 80.000 casos de inqui-okupas, donde los inquilinos, pudiendo pagar, no lo hacen amparados por el Estado. El Gobierno de Sánchez aprobó en 2020, en plena pandemia, un decreto que dificulta enormemente el desalojo de morosos y prácticamente lo hace imposible si atañe a personas o familias calificadas como “vulnerables”, generando una indefensión absoluta para los propietarios en caso de impago.
Esta problemática, que requeriría la derogación inmediata de esa particular aberración jurídica, sigue sin abordarse de forma seria. Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación llevan años reclamando la derogación del decreto antidesahucios para agilizar el desalojo de todos los tipos de okupación, incluyendo el de los inqui-okupas, y que la administración pública asuma su responsabilidad a la hora de ofrecer casa a quien realmente lo necesite, sin cargar dicho coste en los propietarios.
En definitiva, la enmienda del PNV aprobada en el Congreso es un primer paso, siempre y cuando se apruebe y aplique correctamente, pero está aún muy lejos de resolver el problema de la okupación en España.
