El Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar vive un momento de fuerte tensión tras la ruptura de un acuerdo clave en materia fiscal. El PSOE ha dejado sin respaldo dos medidas que habían pactado previamente con Sumar: la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis y el aumento de impuestos a los seguros privados.
Estas iniciativas buscaban equilibrar la carga tributaria entre las rentas del capital y las del trabajo. Sin embargo, la negativa del PSOE a apoyarlas ha generado un nuevo episodio de desconfianza dentro del Ejecutivo. Verónica Martínez Barbero, representante de Sumar, expresó su malestar por lo que consideró un incumplimiento del pacto, mientras que el PSOE justificó su cambio de postura en la presión del sector inmobiliario y el posible impacto en la inversión.
Sumar sigue apostando por una reforma fiscal más ambiciosa, aunque por el momento ha evitado un enfrentamiento frontal en el Congreso. No obstante, este episodio es solo una muestra de la creciente distancia entre los socios de Gobierno.
Gasto en defensa: una brecha cada vez más profunda
El conflicto por el gasto militar es otro de los puntos críticos entre PSOE y Sumar. El Consejo de Ministros aprobó en abril un gasto extraordinario de 1.129 millones de euros para reforzar la reserva estratégica del Estado, una decisión que Sumar rechazó tajantemente. Yolanda Díaz y su equipo consideran que estos fondos deberían destinarse a políticas sociales en lugar de aumentar el presupuesto militar.
Desde el PSOE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la inversión asegurando que se trata de una estrategia para garantizar la seguridad nacional y cumplir con los compromisos europeos. Este choque se intensificó cuando Sumar votó a favor de una moción del BNG que pedía la salida de España de la OTAN, mientras que el PSOE se posicionó en contra.
El distanciamiento en este tema refleja una divergencia ideológica profunda. Mientras el PSOE asume el aumento del gasto militar como parte de sus compromisos europeos, Sumar mantiene una postura más alineada con el pacifismo, algo que desde el Gobierno socialista consideran “desfasado” en el actual contexto geopolítico.
Permisos parentales: otra promesa incumplida
Otro foco de tensión es la falta de implementación de los permisos parentales remunerados de ocho semanas, una medida exigida por la Unión Europea y que España debía aplicar antes de agosto de 2024.
El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy (Sumar), acusa al PSOE de haber bloqueado la medida al no incluirla en los Presupuestos Generales del Estado. En cambio, los socialistas argumentan que la falta de presupuesto ha impedido su puesta en marcha.
Este retraso ha provocado un expediente por parte de la Comisión Europea y supone un perjuicio para miles de familias que esperaban beneficiarse de esta política de conciliación laboral.
Cabe recordar que el octubre pasado, Sumar sorprendió al PSOE al aliarse con el PP para aprobar dos leyes en el Congreso, una de ellas relacionada con la conciliación laboral. Este movimiento generó malestar en el PSOE, que lo interpretó como un intento de Sumar de desmarcarse de su socio de Gobierno.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, criticó esta estrategia asegurando que Sumar no tiene claro “si está a setas o a Rolex”. Desde Sumar, defendieron la alianza con el PP como un paso necesario para avanzar en políticas sociales que el PSOE había dejado en el aire.
Desde el PSOE, consideran que Sumar busca ganar visibilidad en un momento en el que su espacio político se encuentra debilitado. Mientras tanto, Sumar insiste en que sus propuestas buscan cumplir con los compromisos adquiridos y responder a las necesidades sociales.
