El pasado martes, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, hizo un anuncio desde Bruselas que prometía cambiar el panorama legislativo en España: un “acuerdo” con el PSOE para “derogar” la polémica ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Esta ley ha sido objeto de controversia desde su implementación, generando fuertes debates y enfrentamientos en el Gobierno de coalición anterior, y finalmente fue bloqueada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados por el veto de ERC y EH Bildu.
Sin embargo, el gran anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno perdió fuerza rápidamente. El portavoz de Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, aclaró que el acuerdo solo abarca una “reforma del artículo 36 de la ley de Seguridad Ciudadana”. Este artículo establece las conductas consideradas infracciones “graves”, con sanciones que oscilan entre 601 y 30.000 euros.
El artículo 36 contiene 23 puntos específicos, incluyendo la “tenencia ilícita de drogas en lugares públicos” y la “negativa a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando así lo ordene la autoridad competente”. En noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional avaló la ley mordaza en su totalidad, pero cuestionó el artículo 36.23, que afecta al trabajo periodístico. Este artículo penaliza “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, si dicha difusión pudiera poner en peligro su seguridad o el éxito de una operación.
La Policía no aplica este artículo desde que salió la ley mordaza
El Tribunal Constitucional rechazó la exigencia de “autorización” previa para la difusión de imágenes, lo que no invalidó completamente el artículo, sino solo esa interpretación específica. En respuesta, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos intentó eliminar las sanciones por la “mera toma de imágenes en lugares públicos y manifestaciones”, pero esta reforma no prosperó en el Congreso.
Tras conocerse que el acuerdo actual se limita al artículo 36.23, el sindicato policial Jupol calificó el anuncio de Yolanda Díaz como “surrealista”. Afirmaron que, desde el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, dicho artículo ya no se aplica, ya que todas las grabaciones susceptibles de sanción son “no autorizadas”, y el tribunal prohíbe castigarlas. Por ello, los agentes suelen recurrir a la normativa de protección de datos, presentando denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando estas imágenes se difunden en redes sociales, aunque estas acciones rara vez prosperan.
La “derogación” anunciada por Yolanda Díaz ha generado confusión y escepticismo, destacando la complejidad y los desafíos de modificar la ley mordaza, una legislación que sigue siendo un tema de intenso debate en España.
