Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha pedido a su entorno preparar un adelanto electoral tras considerar que el PSOE no ha cumplido con lo pactado en las negociaciones mantenidas en los últimos meses. La posibilidad de un nuevo ciclo electoral cobró fuerza cuando Puigdemont convocó a su Consejo Nacional y les instó a prepararse para una eventual cita con las urnas.
La exigencia de Puigdemont, planteada en una entrevista en TV3 hace unas semanas, pasaba por la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat antes del 31 de diciembre. Sin embargo, la fecha límite llegó sin que el Gobierno central cumpliese con lo prometido, lo que desató una escalada de tensión entre Junts y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde Junts, el tono se endureció considerablemente y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, dejó claro que no se darán pasos hacia la negociación de los presupuestos hasta que se cierre la llamada “carpeta de la inmigración”.
Jordi Turull, secretario general de Junts, reforzó el mensaje y solicitó abiertamente una amnistía, no un indulto, para los líderes independentistas procesados. Además, acusó a los jueces de prevaricar en los casos relacionados con la malversación, asegurando que las decisiones judiciales habían sido tomadas con la intención de inhabilitarlo políticamente.
Desde el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), la reacción ha sido de cautela. Los socialistas catalanes consideran que Junts cometió un error al fijar una fecha tan estricta para una transferencia de competencias tan compleja. Fuentes del PSC subrayan que, aunque la voluntad de cumplir el pacto existe y la Generalitat estaría preparada para asumir esas competencias, el proceso no es sencillo. Las competencias en materia de inmigración incluyen cuestiones como la expedición del NIE, los permisos de trabajo, el control de fronteras y la gestión de expedientes de expulsión, elementos que requieren una modificación legal y el visto bueno de la Unión Europea.
El principal problema para el Gobierno central es que la transferencia de estas competencias, en los términos planteados, podría chocar con la legislación española y con la normativa europea. Pese a ello, el compromiso de avanzar en esta materia se había alcanzado durante las conversaciones secretas mantenidas en Ginebra entre representantes de Junts y del PSOE. Ahora, ante la falta de avances, Puigdemont se resiste a sentarse de nuevo a la mesa para negociar los presupuestos generales del Estado para 2025.
La relación entre Junts, ERC y el PSC también se ha visto afectada. La inestabilidad política en Barcelona es un factor de preocupación para el Gobierno de Pedro Sánchez, dado que tanto Junts como ERC son socios indispensables para avanzar en la tramitación de los presupuestos. La tensión entre ambos partidos independentistas también se ha evidenciado en el último enfrentamiento relacionado con unas declaraciones del consejero de deportes de la Generalitat, Berni Álvarez. Álvarez afirmó que la participación de selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales depende exclusivamente de las federaciones, lo que provocó una fuerte reacción de ERC, que recordó que la homologación internacional de estas selecciones estaba incluida en el pacto que facilitó la investidura de Salvador Illa.
Desde Junts, se reprocha a ERC su incapacidad para hacer cumplir al PSC lo pactado, lo que ha agravado la tensión interna en el bloque independentista. La Agencia Catalana de Noticias subrayó que, en los últimos 25 años, la Generalitat solo ha logrado aprobar los presupuestos a tiempo en nueve ocasiones, reflejando la inestabilidad crónica que afecta a la política catalana.
