Imagen: Carles Puigdemont I ACN
El Tribunal Supremo ha celebrado este lunes una vista pública para analizar los recursos presentados contra la decisión del juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, de no aplicar la Ley de Amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont. En la sesión han participado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por Vox, además de la defensa del líder independentista.
La audiencia se produce tras la resolución de Llarena, emitida en julio, en la que rechazó la amnistía en lo relativo al delito de malversación que pesa sobre Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Sus abogados recurrieron en reforma, pero en septiembre el magistrado ratificó su decisión. Finalmente, los defensores de los procesados elevaron un nuevo recurso, cuya argumentación ha sido expuesta en esta sesión.
Boye defiende la competencia del TSJ de Cataluña
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha sostenido que el Tribunal Supremo no tiene competencia para decidir sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en este caso. “No hay ninguna duda de que tenemos razón“, ha afirmado el letrado, argumentando que esta facultad debería corresponder al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dado que Puigdemont fue elegido diputado del Parlamento catalán.
Boye ha insistido en que el debate sobre la aplicación de la amnistía está resuelto y que “podemos acogernos al voto particular de la magistrada Ana Ferrer, quien explica con claridad por qué la ley debe aplicarse“.
Advertencias sobre la vulneración de derechos
El letrado ha subrayado que cualquier decisión adoptada por el Tribunal Supremo en este contexto podría vulnerar el principio del juez natural predeterminado por la ley. Según Boye, la competencia sobre la amnistía de los procesados debería recaer exclusivamente en el TSJC y no en la Sala Segunda del Supremo.
El pronunciamiento del alto tribunal sobre estos recursos será determinante para el futuro judicial de Puigdemont y sus exconsejeros, quienes siguen pendientes de la resolución definitiva sobre su situación procesal.
El papel de Puigdemont
Tras regresar a España en 2024, aunque evadió una operación policial y regresó a Bélgica, continúa con acciones legales relacionadas con su amnistía y su proceso judicial. Recientemente, el Tribunal Supremo revisó los recursos presentados por Puigdemont y otros exconsellers. Además, ha celebrado un acuerdo en materia de inmigración que transfiere competencias a la Generalitat, permitiendo una mayor preparación de Cataluña como nación independiente, especialmente en lo relativo a la gestión de puertos y aeropuertos.
