Imagen: Escena en una calle de Picanya (Valencia) tras el paso de la Dana. Biel Aliño. EFE
El presidente del Gobierno anunció el pasado sábado en una declaración institucional desde Moncloa que este martes el Consejo de Ministros aprobará que los lugares más afectados por la DANA que ha asolado varias comunidades autónomas, pero en especial la provincia de Valencia, se declaren como “zona gravemente afectada”. Sánchez usaba así la expresión recogida en la Ley del Sistema de Protección civil que desde 2015 regula la actuación del Estado en caso de catástrofes.
Se trata de la habitualmente conocida como declaración de zona catastrófica, un nombre que se suele dar a lugares especialmente afectados por un desastre natural de gran magnitud. Esta declaración corresponde al Gobierno central, y sus condiciones e implicaciones están recogidas en el capítulo V de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
¿Qué significa?
En el artículo 23 de la ley se establece que es una condición reservada a siniestros que «perturben gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales».
¿Quiénes lo declaran?
Para que una zona se declare afectada gravemente debe ser aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de los ministros de Hacienda y de Interior y de los titulares de los demás ministerios a los que concierna. También puede ser solicitada por las administraciones públicas afectadas, como es el caso de una comunidad autónoma.
En este caso, la norma especifica que «dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas». «En estos supuestos —dice la ley—, y con carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas».
¿Lo pueden pedir las comunidades autónomas?
La norma especifica que «dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas». «En estos supuestos —dice la ley—, y con carácter previo a su declaración, el Gobierno podrá solicitar informe a la comunidad o comunidades autónomas afectadas».
Para que salga adelante la declaración, se debe probar que que «se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales».
¿Qué implica para los ciudadanos?
La declaración permite que se tomen diversas medidas, como por ejemplo:
- Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
- Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
- Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
- Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
- Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
También se pueden conceder medidas fiscales, como la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio presupuestario en el que haya acaecido la emergencia. También hay reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y otras ayudas como reducciones de la tasa de Tráfico para tramitar bajas de coches afectados.
