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21 Jul 2024
21 Jul 2024
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Relación tóxica entre Sánchez y la Independencia

El presidente del Gobierno ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlament por haber admitido a trámite una iniciativa que reclama la independencia

Imagen: Reuters

Esta decisión, basada en el artículo 161.2 de la Constitución, será discutida en el Consejo de ministros el martes, tras ser validada previamente por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

El comienzo de la independencia

El 20 de febrero, a pesar de contar con un informe desfavorable de los letrados del Parlament, la mesa de la cámara catalana aprobó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència. Esta propuesta para declarar la independencia obtuvo el apoyo de la CUP y Junts, mientras que ERC se abstuvo, durante las negociaciones sobre la amnistía con el PSOE.

Según lo estipulado en la Constitución, el Gobierno tiene la facultad de impugnar ante el Tribunal Constitucional las decisiones de los órganos autonómicos. Esta impugnación conlleva la suspensión de la disposición o resolución recurrida, hasta que el Tribunal ratifique o levante la suspensión en un plazo máximo de cinco meses. El Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado, es el encargado de tomar esta decisión.

Consejo de Estado y posición del PSOE

Hoy, el Consejo de Estado se reúne para dar su visto bueno a la decisión, que adquiere especial relevancia política dada la situación actual. Marta Rovira, líder de ERC, afirmó el domingo que ya estaban negociando el referéndum con el PSOE, algo que fuentes del partido socialista desmintieron.

Por su parte, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC la semana pasada contra la tramitación de la iniciativa en el Parlament, argumentando que «no procede su tramitación». La diferencia radica en que el recurso del Gobierno conlleva la suspensión inmediata de la disposición o resolución impugnada, mientras que, si lo presenta un partido político, esto no sucede. Sánchez ha optado por actuar para asegurar esa suspensión inmediata.

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