El Gobierno ha activado su maquinaria jurídica para defender al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, imputado por presunta malversación de fondos públicos en la investigación judicial que gira en torno a la esposa del presidente, Begoña Gómez.
En un escrito fechado el 9 de mayo y presentado ante el Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, la Abogacía del Estado asume oficialmente su representación y defensa legal. La causa se centra en el nombramiento de Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, cuando Martín Aguirre ocupaba un cargo de responsabilidad en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha citado a Aguirre a declarar como investigado este miércoles a las 13:30 horas, tras admitir una querella de Vox que le atribuye un papel clave en la designación de Álvarez, supuestamente para realizar funciones privadas para Gómez pagadas con fondos públicos.
Aunque la formación de Santiago Abascal imputa también delitos de tráfico de influencias y prevaricación, el juez se ha centrado en el de malversación, al entender que podría haberse producido un uso indebido del erario público con el nombramiento de Álvarez para atender a la esposa del presidente.
La Fiscalía se opone a la imputación
Sin embargo, la Fiscalía ha recurrido la decisión de imputar a Martín Aguirre, alegando que su designación como secretario general de Presidencia se produjo en julio de 2021, tres años después de que Álvarez comenzara a trabajar en Moncloa, en 2018. Por tanto, el Ministerio Público considera “incomprensible” su implicación en una decisión que se habría tomado mucho antes de asumir su actual responsabilidad.
En su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, la Fiscalía sostiene que no existen indicios concretos de delito en la actuación de Aguirre y califica la imputación de “vaga, genérica y carente de motivación sólida”.
Mientras tanto, el caso sigue sumando tensión política y judicial, en un contexto en el que ya está bajo investigación Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.
