El presidente Pedro Sánchez ha presentado un ambicioso programa de cien actividades culturales bajo el lema “España en libertad”, con motivo de los 50 años de democracia tras la muerte de Francisco Franco. Los eventos comenzarán el próximo 8 de enero y se desarrollarán a lo largo de 2025, año clave en el calendario electoral. La propuesta ha generado críticas desde diversos sectores, que acusan al Ejecutivo de instrumentalizar la memoria histórica con fines políticos.
El anuncio de Sánchez, realizado en un acto en el Auditorio Nacional de Música, incluyó la entrega de certificados de reparación a 21 víctimas de la dictadura franquista y la creación de un Alto Comisionado y un comité científico para coordinar los eventos. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó claro que su gobierno no participará en los actos. “Sánchez ha enloquecido. Está en sus últimas horas y ha decidido quemar las calles y provocar violencia”, afirmó en su perfil de X.
El programa también incluye un homenaje en el Congreso de los Diputados a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, pospuesto previamente debido a la DANA. Este acto será acompañado de una mesa redonda y la participación de diversas personalidades del ámbito académico y cultural.
Memoria democrática o estrategia política
La Ley de Memoria Democrática, piedra angular del programa, ha sido utilizada como bandera por el Ejecutivo para justificar los avances en materia de exhumaciones, reparación de víctimas y resignificación de lugares como el Valle de Cuelgamuros. Según Sánchez, desde la aprobación de la norma se han exhumado más de 5.600 cuerpos, procesado 637 declaraciones de reparación y facilitado la nacionalidad española a más de 300.000 descendientes de exiliados.
A pesar de estos datos, sectores críticos consideran que la iniciativa es un intento de desviar la atención de los escándalos que rodean al Gobierno, incluyendo casos de corrupción que afectan a familiares directos del presidente. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó las conmemoraciones como “una maniobra burda” y acusó al PSOE de reabrir heridas históricas con fines electorales.
Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) criticó duramente las declaraciones de Sánchez, quien afirmó que no hay “tirano cuya obra merezca ser ensalzada”. El presidente ejecutivo de la FNFF, Juan Chicharro, acusó al mandatario de tener un “afán liberticida” y de querer eliminar cualquier visión que no se ajuste al “pensamiento único” promovido por el Gobierno.
Mientras el Ejecutivo asegura que los actos buscan honrar la memoria de quienes lucharon por la democracia, la oposición los percibe como un intento de Sánchez por afianzar su base electoral en un momento crítico. La presidenta Ayuso, firme opositora de la propuesta, calificó los eventos de “provocación innecesaria” y reiteró que la Comunidad de Madrid no participará en lo que considera un “uso partidista de la memoria histórica”.
En el acto de presentación, también se recordaron figuras como el poeta Miguel Hernández y otras víctimas del franquismo, en un escenario marcado por el lema “Memoria es democracia”. Lucía Izquierdo, nuera del poeta, agradeció la Ley de Memoria Democrática y su capacidad para reparar “años de silencio e injusticia”.
Con 2025 como un año clave para el futuro político de España, la iniciativa de Sánchez ocurre contextualizada en un terreno de intensas disputas entre el Gobierno y la oposición. Mientras unos ven en los actos una oportunidad para consolidar el relato democrático, otros lo perciben como un intento de ocultar los problemas actuales del país, desde la corrupción hasta la crisis económica y social.
Con esta estrategia, el presidente busca reabrir el debate sobre la memoria histórica y dividir al país, mientras Sánchez apuesta por mantener vivo el recuerdo de un pasado que, para muchos, sigue siendo un terreno de conflicto político más que de reconciliación.
