El presidente del Gobierno, acumula ya un mes sin someterse al control del Congreso de los Diputados, alimentando las críticas de la oposición y abriendo un debate sobre la rendición de cuentas del Ejecutivo en sede parlamentaria. Desde el pasado 16 de octubre, Sánchez no ha comparecido ante el Pleno, justificando su ausencia en una intensa agenda internacional que lo ha mantenido lejos de la Cámara Baja.
Durante este periodo, el mandatario ha estado presente en eventos como la XXXV Cumbre Hispano-Portuguesa, un viaje oficial a la India, la gestión de la crisis provocada por la DANA y la cumbre del clima en Azerbaiyán. Ahora, su asistencia al G20 en Brasil prolonga aún más esta ausencia, con su regreso al Parlamento previsto, según fuentes gubernamentales, para el próximo 27 de noviembre.
Uno de los temas más controvertidos es la gestión de los efectos de la DANA, una crisis que ha dejado importantes daños en varias regiones de España, especialmente en Valencia. A pesar de la gravedad de la situación, Sánchez ha delegado las explicaciones en ministros como Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial, y Margarita Robles, responsable de Defensa, quienes ya han intervenido en el Congreso y el Senado respectivamente.
Sin embargo, estas comparecencias no han calmado las críticas de la oposición, que exige la presencia directa del presidente. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también tiene previsto comparecer este miércoles 20 de noviembre para abordar cuestiones relacionadas con la crisis climática y la DANA. Esta intervención será clave no solo para aclarar la gestión del Gobierno, sino también para avanzar en su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, actualmente bloqueado por el Partido Popular.
El Ejecutivo anunció este domingo que Sánchez solicitará personalmente comparecer ante el Pleno el próximo 27 de noviembre para explicar las medidas adoptadas en relación con la DANA. El presidente aprovechará esta comparecencia para abordar los decretos aprobados en Consejo de Ministros, que contemplan ayudas económicas destinadas a los afectados por la DANA. Aunque aún no está confirmado si defenderá directamente estas medidas en el Parlamento, la ley establece un plazo máximo de un mes para su convalidación.
Desde la oposición, el Partido Popular y otros grupos parlamentarios han acusado a Sánchez de escudarse tras su equipo ministerial y de evitar un diálogo directo con el Congreso. Estas críticas se han intensificado ante lo que consideran una estrategia de elusión que debilita la transparencia y la rendición de cuentas del Ejecutivo. Por su parte, el Gobierno argumenta que la ausencia de Sánchez en el Parlamento responde exclusivamente a compromisos internacionales y asegura que la rendición de cuentas está siendo cumplida a través de las comparecencias de los ministros implicados.
