El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Pedro Sánchez a que page las costas de un juicio en el que se ha conseguido anular un real decreto de este Ejecutivo. Según ha señalado el medio OKdiario, la Sala de lo Contencioso ha anulado así la creación de una comisión interministerial para “el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública”.
El Consejo de Ministros de PSOE y Sumar no incluyó a los representantes de los empresarios y sí a los sindicatos y eso ha provocado un importante varapalo del Supremo al equipo de Sánchez.
El Supremo estima que el “recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el Real Decreto de 18 de julio de 2023, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública, cuya nulidad declaramos”.
Según la conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Supremo remarca: “La estimación del recurso llevará aparejada la imposición de las costas a la Administración, sin que se aprecie la concurrencia de dudas de hecho o de Derecho que permitan la no imposición”. La cuantía de la condena se fija en “4.000 euros, por todos los conceptos”. Junto a la Abogacía del Estado, que defendía al Gobierno, se personó el sindicato CCOO.
Los desprecios de Sánchez a determinados empresarios
En su fallo el Supremo concluye: “nos encontramos ante una norma reglamentaria en la que, en la tramitación realizada para su elaboración se ha omitido la participación de una asociación empresarial reconocida por ley”.
“Concluimos afirmando que debió darse audiencia a las organizaciones empresariales, como la Confederación Nacional de la Construcción, en el trámite de audiencia, con la finalidad de que pudiesen realizar las aportaciones y propuestas sobre todo o parte del contenido de dicho Real Decreto”, remarcan.
El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en esa comisión a miembros de varios ministerios y “una persona representante por cada una de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal”.
Según fuentes interrogadas por OKdiario, en ciertas ocasiones la inclusión de las cláusulas sociales han tenido efectos no deseados en las licitaciones públicas, Por ejemplo, estas cláusulas imponen que las plantillas de las empresas que van a contratar tengan que incluir determinado porcentaje de mujeres.
