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Esta semana, el G20 se convierte en escenario de propuestas ambiciosas en Río de Janeiro, donde los principales líderes mundiales se reúnen, salvo el presidente ruso Vladimir Putin. Entre las iniciativas destacadas, el presidente de Brasil, Lula da Silva, busca promover un impuesto global a los multimillonarios, un gravamen que afectaría a aquellos con más de mil millones de dólares en activos. Según cálculos del G20, esta medida podría recaudar anualmente unos 250.000 millones de dólares y abarcaría a unas 3.000 personas en todo el mundo.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, participa en la cumbre respaldando la propuesta de Lula. Desde su equipo, destacan que Sánchez defiende esta medida por «coherencia» y «convicción», recordando que España ya implementó un impuesto temporal a las grandes fortunas, aunque su impacto ha disminuido debido a la reactivación del Impuesto de Patrimonio en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Galicia.
Sin embargo, el impuesto global no genera consenso. Países como Francia y Sudáfrica lo apoyan, mientras que Estados Unidos y Alemania expresan dudas. La delegación española lo enmarca como parte de un esfuerzo por financiar los objetivos de desarrollo sostenible y las medidas contra el cambio climático.
Bloqueo fiscal en el Congreso español
Mientras Sánchez refuerza alianzas fiscales en Brasil, en el Congreso español se evidencian tensiones. La reforma fiscal del Gobierno, que busca consolidar los impuestos a la banca y las energéticas, enfrenta un bloqueo debido a la división entre sus socios parlamentarios. Hacienda ha intentado negociar con distintos bloques, pero sus acuerdos han generado malestar.
Por un lado, pactaron con PNV y Junts suavizar el impuesto a las entidades bancarias y eliminar el de las energéticas, una medida que no convence a las formaciones de izquierda como ERC, Bildu y Podemos, quienes exigen mantener ambos gravámenes. Estas formaciones han pedido al Ejecutivo prorrogar temporalmente los impuestos para ganar tiempo en el marco del diálogo presupuestario, pero la falta de consenso ha dejado al Gobierno en un callejón sin salida.
Un panorama parlamentario fragmentado
El bloqueo fiscal pone de relieve la fragilidad del Ejecutivo español, cuya mayoría depende de un bloque parlamentario heterogéneo y con intereses divergentes. La negociación con socios conservadores como PNV y Junts ha generado tensiones con las formaciones de izquierda, que critican el enfoque del Gobierno en las negociaciones.
El conflicto fiscal, que afecta directamente la capacidad del Ejecutivo para aprobar los Presupuestos, también expone una falta de estrategia cohesionada. Tanto en Río como en Madrid, Pedro Sánchez enfrenta desafíos que reflejan las complejidades de la política nacional e internacional en un momento crítico.
