El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba obligado a coger el mando en una situación de “emergencia y catástrofe” como ha sucedido en Valencia tras las fuertes lluvias provocadas por la DANA. Así aparece reflejado en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) de 2015. Según publica El Debate, dicha ley fue aprobada en virtud de la competencia exclusiva que en materia de seguridad pública reserva la Constitución Española al Estado, según disponen sus artículos 149.1º. 4ª y 29ª.
El propio Sánchez había reafirmado este compromiso en un documento en el que la Presidencia del Gobierno derogó la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, desarrollada por Mariano Rajoy, y la reemplazó por otra bajo su firma y prioridades. Entre estas prioridades, destaca una directriz clave para interpretar su actuación ante la DANA: “Ofrecer una respuesta desde una estructura de mando y control nacional.”
Según El Debate, este texto señala que Seguridad Nacional otorga al Presidente del Gobierno la capacidad y la obligación de declarar, mediante decreto, una “situación de interés nacional” que, en tiempo real, le permita al Estado movilizarse y coordinar al resto de las Administraciones para defender a la ciudadanía y al territorio de todo tipo de graves amenazas, desde las invasiones extranjeras hasta los ciberataques, la injerencia externa en procesos electorales y, entro otros desafíos, las catástrofes naturales.
Sánchez tendría que haber dirigido la gestión de la DANA
La precisión de esa Ley, inspirada en la existente en Estados Unidos, es absoluta y le concede en exclusiva al presidente del Gobierno, en su artículo 15, unas atribuciones ignoradas en la crisis que ha arrasado buena parte de la provincia de Valencia y ha afectado, con mayor y menor gravedad, a Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña e incluso Murcia.
Así, el propio Pedro Sánchez fue el encargado de traducir en competencias, obligaciones y actuaciones específicas dentro de dicho marco legal.
Según El Debate, en ese manual impulsado por Sánchez en persona, se diluye el relato oficial que culpa a Carlos Mazón, cuyo insólito desconocimiento de la Ley le ha hecho parecer responsable único de una hecatombe en la que, en realidad, ocupaba un papel secundario en un escalafón que le obligaba a ponerse a las órdenes de Pedro Sánchez para ayudarle.
