El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ha estado realizando pagos a la OCDE desde 2019 para la elaboración de informes que supuestamente respaldan las reformas del Gobierno español.
La información revelada por Libertad Digital en junio de 2024 expone que uno de estos informes, destinado a mejorar la imagen de las reformas en materia de productividad laboral, tuvo un coste de 150.000 euros.
Este informe, que Díaz presentó junto al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el Director de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, pretendía destacar los efectos positivos de las reformas del Gobierno, como la reforma laboral y la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Sin embargo, a pesar del coste elevado, el informe no lograba mejorar sustancialmente la percepción sobre la productividad española, un hecho que se mencionaba en un pie de página que confirmaba que el documento había sido adquirido.
Los informes comprados por el PSOE
El Partido Popular, tras conocer esta información, exigió datos oficiales sobre los pagos realizados por el Gobierno a la OCDE. En respuesta a esta solicitud, se reveló que, además de los 150.000 euros gastados en el informe sobre productividad, se han realizado varias “contribuciones” adicionales en los últimos años.
Entre ellas, destacan los 61.000 euros destinados a la organización del Foro de Alto Nivel de Diálogo Social “Global Deal” en Madrid en 2022, y otros 135.000 euros ese mismo año para un programa sobre el Futuro de la Juventud desarrollado en colaboración con el Servicio Público de Empleo, SEPE, y la OCDE.
Además, en 2019, el SEPE financió con 175.306 euros un programa de competencias para la población adulta, y en 2015, se gastaron 78.341 euros en un proyecto similar, cuya factura se abonó en 2016. En total, los pagos del Ministerio a la OCDE en los últimos diez años suman más de medio millón de euros.
A pesar de estos esfuerzos, los informes no han logrado mejorar significativamente la imagen de la productividad en España. No obstante, el Gobierno ha insistido en que las reformas implementadas han contribuido a una mejor distribución de la productividad y a la reducción de la desigualdad, según los propios portavoces gubernamentales.
