El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la aprobación del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa marca un punto de inflexión en la estrategia española en este ámbito. La decisión de alcanzar el 2% del PIB en gasto en Defensa ya en 2025 —frente a la previsión inicial de 2029— supone un importante esfuerzo presupuestario, con una inversión adicional de 10.471 millones de euros.
Este plan se alinea con los compromisos internacionales de España como miembro de la OTAN y responde también al contexto geopolítico actual, donde la seguridad y la autonomía estratégica europea han cobrado mayor protagonismo. El incremento en Defensa, además, no se limita a inversión tecnológica o equipamiento, sino que contempla un aumento de efectivos y mejoras en las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, cabe destacar la voluntad expresada por el Ejecutivo de atender demandas históricas del personal militar, un colectivo que durante años ha sentido cierto abandono institucional. La mejora de las retribuciones, ya iniciada, y los planes para reforzar la formación, modernizar infraestructuras y actualizar equipos pueden suponer un reconocimiento merecido para quienes desempeñan un papel esencial en la seguridad nacional.
No obstante, aunque el discurso político ha puesto el foco en dignificar el trabajo de los soldados, es importante que estas medidas se traduzcan en resultados tangibles a medio y largo plazo. La profesionalización y estabilidad de la tropa y marinería requieren más que una mejora coyuntural: necesitan un compromiso sostenido que garantice no solo salarios dignos, sino también una carrera militar con perspectivas reales.
