El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado que se lleve a cabo la construcción de 250 viviendas públicas para las víctimas que perdieron su casa con motivo de la riada en Valencia. La construcción de estas viviendas cuesta 25 millones de euros a las arcas públicas.
Esta decisión adelantada por OkDiario forma parte de su oposición a una propuesta legislativa presentada por la derecha, que busca establecer un paquete de ayudas para los damnificados por la riada. El Gobierno ha decidido bloquear la tramitación de la iniciativa en el Congreso de los Diputados.
El PSOE ha argumentado esta negativa señalando que el coste total asciende a 727 millones de euros, una cuestión que afectaría al presupuesto estatal. Este veto se suma a las cinco iniciativas presentadas por la oposición que han sido vetadas por el partido socialista durante la presente legislatura.
Estas propuestas paralizadas por el gobierno de coalición están relacionadas con el sector agroalimentario, la conciliación familiar, la talidomida, exenciones fiscales para eventos específicos y la tasa de basuras.
El Gobierno de coalición se ha amparado en el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite impedir la tramitación de una ley si esta supone un incremento en el gasto público o una reducción en los ingresos del Estado.
La iniciativa para la reconstrucción de las viviendas de Valencia costaría 25 millones de euros a las arcas públicas
Según avanza La Gaceta, el documento oficial con la negativa del Gobierno, que consta de siete páginas y será revisado por la Mesa del Congreso, enumera cinco razones principales para rechazar la proposición. En el último de estos puntos, el Ejecutivo se opone a conceder una subvención de 25 millones de euros a la Generalidad Valenciana para la construcción de viviendas públicas destinadas al realojo de las familias desalojadas por la catástrofe.
Hay que destacar que la propuesta ideada para que las víctimas de la Dana recuperen sus hogares, se iban a construir edificaciones de hasta cuatro plantas utilizando módulos prefabricados para así acelerar el proceso de recuperación de los afectados.
La justificación del Gobierno para descartar esta medida se basa en el impacto presupuestario que supondría para el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por la socialista Isabel Rodríguez. Según el informe, la financiación de estos proyectos obligaría a modificar el programa de Promoción, Administración y Ayudas para la Rehabilitación y Acceso a la Vivienda, lo que representaría un gasto adicional para el departamento.
