Imagen: dados sobre un teclado
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recibió 7.712 denuncias en 2024 de ciudadanos que afirmaron haber sido víctimas de suplantación de identidad en el juego online, según recoge Europa Press. Así lo comunicó este lunes el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, que atribuyó el registro de estos casos al Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), impulsado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) con el objetivo de proteger a los afectados.
Este protocolo, que cuenta con la colaboración de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, ofrece asistencia a aquellos contribuyentes cuyas identidades han sido utilizadas sin su consentimiento en plataformas de apuestas online, permitiendo ocultar beneficios y eludir el pago de impuestos.
Un fenómeno en aumento
Tras el cierre de la campaña de la Renta 2023, la DGOJ analizó los datos de los jugadores con ganancias superiores a 100 euros y determinó que el 4,7% de ellos había sido víctima de suplantación de identidad, según las denuncias recibidas.
Las cifras, además, podrían aumentar en el próximo ejercicio fiscal, según advierten fuentes del organismo regulador, que ya maneja datos preliminares con una tendencia al alza.
¿Quiénes son los afectados?
El análisis de la DGOJ revela que la suplantación afecta por igual a hombres y mujeres, a pesar de que solo el 16,5% de los participantes en juegos online son mujeres. Otro dato significativo es que la mayor parte de los fraudes, el 91%, se concentraron en apuestas deportivas.
Además, los suplantadores suelen emplear métodos de pago difíciles de rastrear, como monederos electrónicos y tarjetas bancarias, que no permiten una verificación en tiempo real. También presentan patrones de juego distintos, realizando un número de apuestas mucho mayor en menos tiempo. Mientras que el usuario promedio mantiene su cuenta activa 35,8 días, los suplantadores la utilizan de media 7,5 días antes de abandonarla.
Identidades robadas y fraudes tributarios
La investigación señala que, en muchos casos, los estafadores recurren a identidades de familiares o conocidos, especialmente cuando se trata de menores de edad, personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) o usuarios previamente bloqueados por los operadores.
Otra de las prácticas detectadas es el uso de identidades robadas con fines fraudulentos, tanto para evitar el pago de impuestos como para realizar operaciones ilícitas dentro de las plataformas de juego online.
