La exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, continúa enfrentando problemas judiciales. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha decidido reabrir la causa que la investigaba, junto a otras 15 personas, al considerar que «no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal» y que existen «indicios suficientes para encausar a los investigados», según ha informado el diario Levante.
Existencia de indicios para procesar a los investigados
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado, a través de un comunicado, que la Audiencia ha estimado parcialmente los recursos presentados por la acusación particular y las dos acusaciones populares. La Sala considera que no se puede «descartar claramente» la existencia de una infracción penal y que existen suficientes indicios para proceder contra los investigados.
En abril, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia había decidido el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Mónica Oltra y varios de sus colaboradores. Esta causa se refiere al supuesto ocultamiento del caso de abusos cometidos por su exmarido, lo que llevó a Oltra a dimitir en 2022.
¿Qué sucede con Oltra?
El caso de Mónica Oltra se centra en una serie de investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, acusado de abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro de acogida de la Generalitat Valenciana, donde trabajaba como educador.
En 2021, Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de prisión por este delito. Sin embargo, las acusaciones contra Oltra no se limitaron al abuso en sí, sino a su supuesto encubrimiento. Como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, se le señaló por no haber actuado diligentemente para proteger a la menor y por presuntamente obstruir la investigación del caso.
Imputación de la política
Esta situación llevó a que, en 2022, Mónica Oltra fuera imputada y posteriormente decidiera dimitir de su cargo como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. En abril de 2023, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictaminó inicialmente el sobreseimiento provisional del caso, argumentando la falta de pruebas suficientes para continuar con el proceso.
No obstante, en junio de 2023, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó la reapertura del caso, aceptando parcialmente los recursos presentados por la acusación particular y las acusaciones populares. Esta decisión se basó en la consideración de que no se podía descartar claramente la existencia de una infracción penal y que existían indicios suficientes para encausar tanto a Oltra como a otras 15 personas involucradas.
El caso ha tenido profundas repercusiones en la política valenciana y en la opinión pública, generando debates intensos sobre la gestión de casos de abuso en centros de menores y la responsabilidad de los políticos frente a situaciones tan delicadas.