La auditoría encargada por el Ministro de Transportes, Óscar Puente, revela posibles irregularidades en la gestión de contratos para la compra de mascarillas durante los primeros días de la pandemia de COVID-19. Este informe de 89 páginas, que analiza dos contratos adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión, ha revelado la implicación directa de Víctor de Aldama, un comisionista clave en la denominada ‘trama Koldo’, en la gestión de estos contratos por orden del entonces ministro José Luis Ábalos.
El informe destaca que Aldama no solo actuaba como intermediario, sino que también «negociaba aviones» por instrucciones directas de Ábalos, según lo confesado por Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado (PdE). A pesar de que los nombres aparecen tachados en el documento, la investigación del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional ya había identificado a Aldama como una figura central en las comunicaciones internas del Ministerio, a pesar de ser un individuo externo a la administración pública.
Sánchez Manzanares indicó que consideraba a Aldama «más parte del Ministerio que de la empresa», y que este aparecía en varios correos electrónicos relacionados con las contrataciones, lo cual es corroborado por la auditoría. Además, Aldama participaba en llamadas telefónicas junto a Ábalos o personas muy cercanas a él durante el proceso de adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, una empresa que recibió uno de los primeros contratos de mascarillas.
Acceso privilegiado
Otro punto clave que subraya la auditoría es el acceso casi regular que Aldama tenía a la sede central del Ministerio de Transportes, llegando incluso a nivel ministerial. Este acceso especial, según el juez Moreno, fue facilitado por su relación personal con Koldo García, otro actor importante en esta trama. Esta relación fue esencial para que Aldama pudiera resolver los problemas logísticos relacionados con la importación de mascarillas, según lo relatado en una llamada telefónica entre ambos.
El informe de Puente deja en una posición comprometida a José Luis Ábalos, revelando que este amplió la cantidad de mascarillas compradas de cuatro a ocho millones en tan solo 38 minutos, tras la firma de la primera orden ministerial el 20 de marzo de 2020. La investigación apunta a una falta significativa de control en el proceso de reparto de las mascarillas, y destaca la actuación del asesor de confianza de Ábalos, Koldo García, quien dio instrucciones directas sobre el destino de las mascarillas que llegaban a Barajas.
Además, el asesor de Ábalos se llevó al Ministerio dos palés con unas 25.000 mascarillas sin que existiera acta de recepción, y las almacenó bajo llave junto con un subteniente de la Guardia Civil, lo que tampoco fue debidamente documentado.
A día de hoy, según el informe, todavía hay almacenadas 238.840 mascarillas en las instalaciones del Ministerio y otras 206.000 en un almacén estatal en Azuqueca de Henares, Madrid. Estas mascarillas, que representan un gasto de 1.128.559 euros del erario público, permanecen sin uso.
