En la gestión de sanciones administrativas relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Según datos recientes, el 80% de las multas impuestas por los Mossos d’Esquadra y otras fuerzas policiales han caducado sin ser ejecutadas, evidenciando una crisis en el sistema de tramitación y ejecución de estas sanciones.
En el año 2023, se emitieron un total de 22.589 expedientes sancionadores, pero sólo se cerraron 1.108, lo que representa un ínfimo 5% del total. Esta situación es aún más preocupante al considerar que en los primeros ocho meses de 2024, apenas se han cerrado 214 expedientes de los 2.982 incoados, un porcentaje menor al 10%. Las estadísticas reflejan un descenso notable en la capacidad de la administración para procesar y ejecutar sanciones, poniendo de manifiesto una crisis de eficiencia.
El impacto de esta crisis no es solo administrativo, sino también económico. La caducidad masiva de expedientes ha resultado en una pérdida significativa de ingresos para la Generalitat y los ayuntamientos. En los últimos ocho meses, se han dejado de recaudar aproximadamente 5,4 millones de euros debido a la caducidad de multas. Esta pérdida afecta no solo al Gobierno catalán, sino también a los municipios, que dependen en gran medida de las sanciones impuestas por las policías locales.
Causas
El problema se origina en un cambio en la gestión de los expedientes que entró en vigor en julio de 2022. En lugar de ser tramitados por los Mossos d’Esquadra, los expedientes fueron transferidos a la Dirección General de Administración de Seguridad (SSTT) de la Consellería de Interior. Este cambio ha resultado en un aumento significativo en la caducidad de las sanciones, ya que la nueva gestión ha mostrado ser menos eficiente en el procesamiento de las actas.
Los sindicatos de policía, como el Sindicato Autónomo de Policía (SAP) y el Sindicato Mossos d’Esquadra (SME), han criticado duramente la situación. Según estos sindicatos, la ineficiencia en la gestión de los expedientes refleja una falta de respeto por el trabajo de los agentes y mina la confianza pública en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Exigen cambios urgentes y la reversión de la delegación de competencias a la Dirección General de la Policía, que ha demostrado ser más efectiva en la tramitación de sanciones.
La nueva consellera de Interior, Núria Parlon, enfrentará estos problemas y otros derivados de la reciente detención fallida del expresident Carles Puigdemont, que ha puesto en evidencia problemas de injerencia política dentro del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Parlon deberá abordar tanto la crisis en la gestión de sanciones como los problemas de corrupción y parcialidad política en la policía catalana.
