Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado una serie de acciones legales que abarcan a políticos, periodistas y miembros del sistema judicial. Estas querellas tienen como denominador común la acusación de haberle denominado «defraudador confeso», un calificativo que González Amador considera difamatorio a pesar de haber admitido ante la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales. A continuación, se detallan las acciones según los grupos implicados.
Políticos del PSOE y Más Madrid
González Amador ha presentado querellas contra varias figuras políticas desde el Gobierno hasta la oposición madrileña, que han tratado de buscar un rédito político al atacar a la pareja de Ayuso:
- Pedro Sánchez y Félix Bolaños: Al presidente del Gobierno y al ministro de la Presidencia les reclama 150.000 euros cada uno, acusándolos de llamarle «delincuente confeso».
- María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Diana Morant: La ministra de Hacienda enfrenta una petición de 40.000 euros por el mismo motivo, la de vivienda y ciencia 20.000 euros.
- Reyes Maroto y Rita Maestre: Portavoces del PSOE y Más Madrid en la Asamblea de Madrid, respectivamente, han sido señaladas por sus declaraciones sobre González. En el caso de Maroto, la solicitud asciende a 20.000 euros.
- Ion Antolín y José Zaragoza: El diputado socialista y el secretario de Estado de Comunicación han sido acusados de difamación por reproducir calificativos que González Amador considera injuriosos.
- Manuela Bergerot: 15.000 euros por definir a González Amador como el “mayor denunciador de la villa de Madrid”
Periodistas tendenciosos
Además de las querellas contra figuras políticas, González Amador ha dirigido su artillería legal hacia el ámbito periodístico, generando preocupación entre profesionales del sector.
- Xabier Fortes: El presentador de «La noche en 24 horas» en RTVE es uno de los principales objetivos. González Amador presentó una papeleta de conciliación como paso previo a la querella, alegando que Fortes le llamó «autor confeso de fraude fiscal» en directo. Fortes se ha defendido públicamente, afirmando que su expresión está respaldada por la confesión del propio empresario ante la Fiscalía.
- Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón: Colaboradores del programa de Fortes y otros medios, también han sido objeto de las acciones legales de González, quien acusa a estos periodistas de difundir información que daña su honor.
- RTVE: La corporación pública en sí misma será demandada, lo que ha llevado al Consejo de Informativos de la cadena a calificar estas acciones como un intento de coacción contra la libertad de prensa.
La reacción de los periodistas ha sido contundente. Fortes, por ejemplo, ha solicitado amparo al Colegio de Periodistas de Galicia, calificando la querella de maniobra intimidatoria.
Equipo fiscal
El frente judicial se centra en la acusación de González Amador contra la Fiscalía, que ha derivado en una investigación sin precedentes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
- Álvaro García Ortiz: El fiscal general ha sido objeto de una querella por presunta revelación de secretos, lo que llevó a la Guardia Civil a registrar su despacho y confiscar su móvil y ordenador. Esta acción judicial marca un hito en España.
- Pilar Rodríguez: La fiscal provincial de Madrid también está en el punto de mira, con González acusándola de formar parte de una estrategia para filtrar su confesión fiscal a los medios.
El empresario basa sus acusaciones en informes de la Guardia Civil que sugieren que estas filtraciones pudieron ser orquestadas para desacreditarle y entorpecer un acuerdo discreto con la Fiscalía.
Mientras los acusados defienden sus actuaciones como parte de su labor profesional o política, el empresario insiste en que su honor ha sido vulnerado. Este caso no solo expone las complejidades de la lucha mediática y legal, sino que también plantea preguntas sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor.
